Un impuesto de sociedades sin salvedades
La carga fiscal excesiva sobre las empresas puede asfixiar la actividad económica y la creación de empleo, dos daños que la Unión Europea no se puede permitir. Pero la primera medida para aligerar la factura fiscal es lograr que todas las empresas paguen los impuestos que les corresponden y en el lugar que les corresponde, como señaló ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
El exminstro francés anunciaba así la aprobación de un proyecto de directiva que pretende poner fin a la ingeniería fiscal que numerosas multinacionales ponen en marcha para no pagar casi impuestos en Europa. En muchos casos, lamentablemente, cuentan con la connivencia o la complicidad de las autoridades fiscales de algunos socios europeos que no dudan en prestarse a esos artificios. El proyecto de directiva pretende poner fin a esa competencia desleal, que provoca una fuga de impuestos y permite a las multinacionales extracomunitarias que se benefician de las enormes ventajas que ofrece un mercado único de 500 millones de habitantes. Si la directiva sale adelante, esas grandes empresas contribuirán con la parte que les corresponde, lo que redundará en beneficio de las arcas públicas y tal vez permita reducir la carga fiscal sobre el conjunto de los contribuyentes europeos, desde las empresas de cualquier tamaño a todos los hogares.
La directiva pretende conseguir ese objetivo obligando a todos los países de la UE a comunicarse entre sí los acuerdos fiscales transfronterizos que suscriben con las empresas, unos pactos que fijan el tipo de imposición que esas multinacionales soportarán en cierto tipo de operaciones. Esos acuerdos son legales y permiten que las empresas puedan planificar correctamente su actividad. Pero a menudo, según Bruselas, se abusa de ellos para reducir artificialmente la factura fiscal y dejarla en un tipo de imposición efectiva de apenas el 1%, cuando una empresa local llegar a soportar hasta el 25% o 30%. La transparencia permitiría detectar los abusos y combatirlos.
Falta por ver, sin embargo, si la directiva sale adelante, porque requiere la unanimidad de los 28 socios de la UE. A nadie se le oculta que el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, lo ha puesto en marcha como respuesta al llamado LuxLeaks. Esa filtración reveló los centenares de acuerdos fiscales firmados por Luxemburgo cuando Juncker era primer ministro del país. Negó entonces haber participado en la negociación de esos tratos de favor y recordó que los acuerdos fiscales (tax rulings) existen en casi todos los países. Con este proyecto legislativo, Juncker obligará a todas las capitales a demostrar su compromisio en la lucha contra la elusión fiscal. Por el bien de Europa, esa reivindicación personal del presidente de la Comisión debe materializarse y facilitar un aumento de la recaudación.