El reto de manejar el mayor presupuesto autonómico

Alejandro Meraviglia

El futuro presidente de la Junta de Andalucía, que saldrá de las elecciones autonómicas que se celebran el 27 de marzo, tendrá el difícil reto de rebajar el déficit público y mantener bajo control la deuda. Si bien las campañas electorales y el rigor presupuestario casan mal, Andalucía adquirió el compromiso de reducir sus números rojos hasta el 0,7% del PIB en 2015. Resulta un objetivo prácticamente inalcanzable. La comunidad más grande por población y la segunda por extensión, ya incumplió probablemente el año anterior el objetivo de déficit público. Ello se sabrá con seguridad a finales de este mes, cuando el Gobierno central publique el dato de cierre. De momento, las cifras oficiales reflejan que Andalucía acumuló hasta noviembre un desfase del 1,73%, un nivel que ya supera el límite impuesto por Hacienda del 1% para todo el año. Resulta imposible que, con el dato de diciembre, se revierta el desvío y lo más previsible es que se agrave.

Según las previsiones de Fedea, realizadas en octubre, Andalucía cerraría en el 1,8%. Si ello fuera así, el nuevo Gobierno debería rebajar la cifra en más de un punto o, dicho de otra forma, un ajuste de unos 1.000 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha advertido en varios informes que, hoy por hoy, resulta improbable que las comunidades cumplan el objetivo de déficit público fijado para este año. Así, el margen que tendrá el nuevo presidente de la Junta de Andalucía será limitado.

Lo que suceda en las cuentas públicas andaluzas tiene especial relevancia por su tamaño. El Presupuesto no financiero para 2015 de la junta alcanza los 23.487 millones, el mayor importe de todas las comunidades junto con Cataluña, que lo supera por unos 30 millones. Y es mayor a la suma de las ocho comunidades con menor presupuesto, que son La Rioja, Cantabria, Baleares, Navarra, Asturias, Murcia y Aragón.

Andalucía, como la mayoría de comunidades autónomas, presenta para 2015 unas cuentas expansivas. Según la ley aprobada por la Junta, el gasto público aumentará este año un 0,72%. Un incremento derivado de la mejora de la recaudación. Así, se prevé que por los impuestos directos, que incluyen las transferencias del IRPF o el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la Junta ingrese 4.633 millones, un 3,8% más. Por los tributos indirectos, Andalucía prevé ingresar 8.469 millones, un 5,3% más que el año anterior. La subida, en este caso, se explica sobre todo por la mejora de la recaudación del IVA.

A pesar de las restricciones financieras que pesan sobre Andalucía, todos los partidos políticos hacen hincapié en incrementar el gasto. El PSOEaboga en su programa electoral, por ejemplo, por subir un 10% los recursos destinados a la dependencia y defiende un incremento de funcionarios en las áreas de sanidad y educación. El Partido Popular, por su parte, apuesta por impulsar nuevamente la inversión pública a través de un proyecto para crear 100.000 empleos en cuatro años. Dicho plan incluye la previsión de crear 300 nuevos kilómetros de autovías con una inversión mínima de 900 millones. Izquierda Unida o Podemos también defienden por incrementar el gasto social. La duda que se plantea es cómo cumplir estas promesas sin rebasar el objetivo de estabilidad.