Haciendo de la necesidad virtud
Los actos y eventos organizados con motivo del Día de la Protección de Datos Personales (Data Privacy Day) el 28 de enero y del Día de Internet Seguro el 10 de febrero han vuelto a poner en público debate las numerosas ventajas y no pocos problemas que marcan hoy la realidad de la sociedad de la información que hemos construido en las últimas décadas. Una realidad que, sobre todo en las pymes y los autónomos, todavía genera algún problema de digestión.
Una sociedad, unos consumidores o clientes, cada vez más informada y más consciente de sus derechos sobre sus datos personales y sobre el gobierno que de ellos quiere hacer, lleva ya la necesidad de adoptar medidas a las puertas de no ya de las pymes, sino, más allá hasta las micropymes y los autónomos.
Si tenemos en cuenta que España el 92,2% –según datos de la Comisión Europea– de las empresas son de tamaño micro y que cotizan a la Seguridad Social cerca de dos millones de autónomos propiamente dichos, podemos hacernos una idea de la amplitud del espacio que reclama mejorar sus normas de cumplimiento normativo.
Si bien es cierto que la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) ha sido, desde siempre, de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo de empresa o actividad profesional, independientemente de su tamaño u objeto, hasta el momento su cumplimento se detenía en las empresas de un significativo volumen.
Hoy, el espacio de tolerancia se disuelve velozmente, tanto por la presión de los consumidores como por la exigencia de socios o proveedores que reclaman sentirse seguros en sus relaciones profesionales o comerciales. Desde luego, es hoy imprescindible en el trato con clientes asentados en el mundo anglosajón, los Estados nórdicos y centroeuropeos, que tienen muy en cuenta estos factores para el cierre de cualquier operación comercial.
Por su parte la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) –una de las más exigentes y eficientes del mundo– carece de criterios de exención por el tamaño o la actividad económica, obviamente si de graduación, en hacer cumplir las normas de protección de datos. Es, pues, el momento de implementar protocolos preventivos, adaptados en su formato –y lógicamente en su coste– a la pyme o el autónomo.
Recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como la de 11 de diciembre de 2014, consolida ya el concepto de “datos personales” que figura en la directiva 95/46/CE en el sentido más amplio, englobando toda información sobre una persona física identificada o identificable, situando un horizonte que requiere, más que corrección, escrupulosidad.
Esta mayor exigencia debe ser leída como una oportunidad de crear valor en la empresa. Es un momento adecuado para hacer, de la necesidad, virtud. Un correcto tratamiento de la privacidad, de la gestión de los datos personales es un elemento de refuerzo de la solvencia y capacidad de pymes y autónomos en su posición de mercado. Sin duda, es un elemento imprescindible en procesos de certificación de calidad, que hoy es una excelente carta de presentación a la hora de concursar en la obtención de contratos públicos, pero también en el micronegocio. Más allá de evitar el daño de una sanción administrativa o la pérdida de cartera comercial, ser una empresa o regentar un negocio aprovechando las ventajas de la sociedad de la información correctamente es, desde luego, una apuesta de éxito.
La especialización que hemos hecho algunos despachos legales en la singular realidad de pymes y autónomos también ha cambiado nuestra formato. Los bufetes pyme-friendly no somos ya asesores o consejeros, ni, más allá, meros acompañantes de la empresa. Este modelo de despacho se ha insertado en la gestión del mecanismo empresarial como una pieza más de su ingeniería, para fortalecer sus recursos y oportunidades, desde la prevención a la capacidad proactiva. La experiencia nos dice que es el tiempo de las empresas que se sienten impulsadas por el emprendimiento o la innovación. Pero ni uno ni otro perviven sin extender sólidas raíces de solvencia y credibilidad. Una correcta política de protección de datos, tejida por especialistas, es sin duda una apuesta segura.
Jesús Mateo Raposo es socio director de MMYA Abogados y consultor especialista de empresa