Para el pleno empleo, más inversión y menos costes
Técnicamente, una economía entra en recesión cuando encadena dos trimestres de caída real de actividad, y la abandona cuando logra ligar también dos trimestres de crecimiento. Pero determinar conceptual y temporalmente la crisis es mucho más complicado, puesto que las variables a considerar sobrepasan al crecimiento y se concentran más en los componentes de carácter socioeconómico. ¿Hay ahora crisis en España, cuando la economía acumula ya casi ocho trimestres de avance de la producción, cuando el empleo avanza a tasas muy apreciables, cuando la demanda de los agentes económicos está plenamente recuperada? Es un concepto subjetivo, y aunque los instrumentos de medida dan por superada la crisis, la percepción ciudadana sigue aferrada a ella, porque la reparación de los daños es muy, muy lenta, especialmente en el activo más tangible para la gente, cual es el empleo, que es el que proporciona renta disponible de manera prolongada y regular.
La crisis ha destruido más de 3,6 millones de empleos tras una burbuja inmobiliaria que acogía en el sector de construcción residencial y sus aledaños al doble de trabajadores de los que en condiciones normales debe tener. Es evidente que la recuperación del empleo no será consistente hasta que la construcción no recupere una buena parte de la ocupación destruida, pero no es menos evidente que otra buena parte no volverá. Pero más allá de dónde se ubique el nuevo empleo, lo importante es que la economía genere crecimiento suficiente y sostenido para recuperar los niveles de puestos de trabajo que había antes de la crisis, para retornar a los 20,6 millones de empleos con los que cerró 2007 y devolver la tasa de paro a valores no sonrojantes.
No es imposible volver a tales niveles de ocupación siempre que la economía crezca al ritmo al que lo hará este año, muy cercano al 3%, y que fuerce una elasticidad en el empleo similar a la que también mostrará este año, cercana a uno. Con tal comportamiento de estas variables, España puede recuperar sus máximos de ocupación, pero no antes de 2020 en el mejor de los casos. Y para ello será necesario evitar nuevos episodios críticos, aquí o fuera, que dificulten la financiación, la pata más sensible de la economía española; mantener la agenda reformista por parte de este y ulteriores Gobiernos para deshacer siempre los nudos al crecimiento potencial; reformar la educación en una sociedad que debe caminar de forma acelerada hacia la digitalización; estimular la inversión de pequeñas empresas y particulares, y atraer nuevos proyectos empresariales que refuercen especialmente la producción manufacturera, que es la única que puede disputar cuota de mercado al resto del mundo. Pero todo esto, de lo que nada es prescindible, debe estar convenientemente envuelto por una política económica local en la que se pueda mejorar el nivel de competitividad interna y externa. Y ello solo se consigue, hoy por hoy, con un control muy estricto de los precios y de los costes, tal como se ha hecho en los dos últimos años y que ha permitido recuperar casi la totalidad de los niveles de competitividad con los países socios de la zona euro. España está obligada a competir en precio y para ello, nada mejor que controlar los costes. Debe intensificar la inversión en tecnología, tanto pública como privada, para reforzar los niveles de competencia de los servicios y los productos nacionales, como mejor mecanismo para elevar la productividad y, con ella, poder dar cierta libertad a los costes.
Las excusas de falta de recursos públicos no valen en este caso, pues un retraso en la intensidad tecnológica de la economía se paga muy caro en cuota de mercado de bienes y servicios. Hay restricción presupuestaria, cierto; pero debe aplicarse a otros capítulos poco o nada productivos para liberar recursos allí donde tienen un efecto multiplicador más evidente. El objetivo final es ampliar el reducido pero competitivo aparato manufacturero español, que es el que en caso de nuevas crisis proporcionará mayor estabilidad a la economía, lo que evitará los altísimos costes en empleo que ha tenido la actual. Se trata, en definitiva, de que en el porvenir no se destruyan 17 empleos de cada 100 como ahora, ni se tarden más de 60 trimestres en recuperar el empleo, como se tardó en la larguísima crisis industrial de los setenta y ochenta.