La ley de morosidad, inservible para tres de cada cuatro empresas
Las empresas siguen sin confiar en la ley de morosidad. A pocos días de que se cumplan dos años desde su entrada en vigor, el 74% de las empresas no ha notado mejorías e, incluso, el 85% ni conoce las medidas tomadas. Los plazos en los pagos continúan muy por encima de lo establecido legalmente.
Según un estudio realizado por Intrum Justitia, el 74% de las empresas en España no ha notado ninguna mejora con respecto a la Ley de Morosidad. En menos de un mes se cumplen dos años desde que entrara en vigor la Ley de Morosidad y para evaluar el impacto en las empresas, Intrum Justitia, compañía dedicada a servicios de gestión de crédito en Europa y que ofrece servicios integrales, ha querido conocer la opinión de las empresas al respecto.
Las empresas no creen que la ley funcione
No sólo el 74% de las compañías no ha notado diferencias en su actividad, sino que además, el 85% de las empresas ni si quiera conoce la normativa. Este dato ha aumentado con respecto al año anterior, en el que era el 75% los que desconocían la ley. Las empresas que son conscientes de la nueva situación no están satisfechas con las medidas tomadas por el Gobierno. El 90% de ellas muestra su disconformidad y se muestran escépticos con las relaciones con sus clientes y el 58% de las pymes cree que afecta de forma negativa.
Buenas expectativas con el BCE
Según Intrum Justitia, el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de la compra de la deuda por valor de 60.000 millones de euros va a influir de manera muy positiva en los plazos de pago por parte de las administraciones públicas. Disponer de una mayor liquidez acelerará los plazos de pago y las pequeñas y medianas empresas podrán recibir lo que se les debe.
Los plazos siguen muy por encima de lo estipulado
A pesar de la aprobación de la Ley de Morosidad hace dos años, la media de los plazos en España sigue siendo de 99 días, mientras que en el resto de Europa la media es de 46 días. Si nos fijamos en las administraciones públicas la media es de 154 días, cuando la ley estipula que deben ser 30. Estos datos ponen de manifiesto que las propias administraciones públicas están incumpliendo la ley y está afectando de forma directa a las pymes, principales responsables de la generación de riqueza y empleo en España. Éstas piden un mayor control sobre los plazos en los pagos y medidas sancionadoras contra los que incumplan la ley. Si existe una norma que regula los plazos, pero se siguen sin cumplir, de nada sirve.
