Una burocracia electrónica y más simple

Como recordó ayer el propio Mariano Rajoy, al aludir a su etapa como ministro de Administraciones Públicas durante el Gobierno de José María Aznar, digitalizar la administración es un objetivo que España puso en marcha hace años y que actualmente constituye una realidad en desarrollo. El presidente del Gobierno reveló durante la presentación de la Reforma de la Administración Electrónica, incluida en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que el uso “generalizado” de internet para realizar gestiones administrativas ha ahorrado a la economía española 20.000 millones de euros en 2014. Además, según el último estudio de Naciones Unidas sobre esta cuestión, España ha pasado de ocupar el puesto número quince al quinto en el ranking europeo sobre el grado de extensión de la administración digital. Rajoy explicó que el año pasado, el 95% de los trámites de las empresas y el 65% de los realizados por los ciudadanos se efectuaron “a través de internet”. Pese a que el cálculo de ese ahorro, realizado por el Standar Cost Model, un modelo europeo que calcula con un precio fijo el coste de cada trámite administrativo, no puede ser más que aproximativo, es obvio que la digitalización de la burocracia ha revolucionado las relaciones con la administración y constituye un medio eficaz para ahorrar tiempo y, por tanto, dinero tanto a ciudadanos como a empresas. Un ejemplo de lo que ha supuesto ese proceso es la Agencia Tributaria, uno de los organismos pioneros en llevar a cabo la migración del papel a la red y en simplificar de forma sustancial la liquidación fiscal de las empresas y los ciudadanos.

Tal y como explicó Mariano Rajoy, el proceso de digitalización de las administraciones públicas españolas no está concluido y sus efectos se dejarán notar, sobre todo, en el largo plazo. La hoja de ruta del Gobierno incluye, entre otras medidas, impulsar un plan estratégico para la transformación electrónica de la administración estatal y aprobar la nueva ley de procedimiento administrativo, que regulará todo el entramado de la legalidad electrónica. Se trata, en definitiva, de un objetivo muy ambicioso y que contribuirá a reducir considerablemente el gasto público, además de repercutir favorablemente en el ciudadano y en las empresas. Más allá de ese horizonte, el verdadero reto de la burocracia española no es solo digitalizar sus procesos, sino simplificar y reducir el número de trámites administrativos, así como evitar tantas y tantas duplicidades innecesarias. Se trata de una petición repetida incansablemente desde hace mucho tiempo en todos los ámbitos de la vida económica, dado que la situación actual ralentiza, encarece y dificulta tanto el tráfico comercial como la vida de los ciudadanos.