Arturo Fernández usó la tarjeta en sus restaurantes porque eran “más baratos”
El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha decidido evitar la petición de fianza para aquellos imputados por el uso de las tarjetas black que ya hayan devuelto o consignado el dinero, solicitando eso sí, que este se sume a la fianza solidaria que está reclamando al resto.
Esta postura, a falta de que el juez se pronuncie sobre sus solicitudes, ha limitado las peticiones de fianza realizadas este martes. Luzón solo ha solicitado la medida cautelar para cuatro de los ocho declarantes, si bien ha pedido que el dinero consignado por otros tres se añada.
La única declarante a la que no solicita dinero es a la expresidenta dela Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, al entender que su papel fue más importante como miembro de la comisión de control, colectivo que está por analizar, que como consejera.
Cafranga, que cargó 175.200 euros a la tarjeta black ha declarado que se la entregó el que fuera secretario del consejo en 2003 Vicente Espinosa aclarándole que podía usarla para gastar “en cualquier cosa”.
A partir de ahí, ella entendió que sería la entidad quien declarara por ella y se ha quejado del importante daño a su imagen que ha supuesto el estallido de este escándalo, que implica a 82 exconsejeros y directivos de Caja Madrid por gastar 15,2 millones de euros sin justificar ni tributar entre 1999 y 2012.
La expresidenta dela Fundación Caja Madridha revelado que esta situación provocó que Banco Santander le negara un aval para regularizar su situación con Hacienda, lo que ha terminado haciendo con una complementaria sobre sus gatos.
“Eran mis restaurantes”
Tampoco se ha pedido fianza para el que fuera representante por la patronal madrileña, el empresario Arturo Fernández, que ingresó los 37.000 euros que gastó a la cuenta abierta a tal efecto por el FROB.
Fernández ha detallado que la tarjeta se la entregó el vicepresidente José Manuel Fernández Norniella diciéndole que era para gastos personales y que fiscalmente no tenía que justificar nada porque la entidad se ocupaba de ello.
El empresario ha añadido que en 2011 le dieron otra tarjeta de Bankia pero ha dicho no recordar quien se la dio, mientras que otro imputado señalaba a que en esta época lo hacía el aún hoy secretario general del consejo Miguel Crespo.
Fernández ha sostenido que pensaba que la tarjeta black era completamente “transparente” ya que creía que la tenían todos y era de domino público que las utilizaban.
Preguntado por el juez sobre sus gatos en los resturantes de su grupo, Cantoblanco, Fernández ha sostenido que realizaba en ellos sus relaciones institucionales porque “son más baratos y son míos”,
El juez Andreu ha repreguntado en este punto si también aprovechaba para redondear la cuenta y el empresario ha admitido que sí, explicando que tenía una cuenta abierta y que por eso se dan grandes liquidaciones en fechas concretas.
Su concuñado, el expresidente de la CEOE hoy en prisión preventiva y también imputado por esta causa, Gerardo Díaz Ferrán, gastó cerca de 80.000 euros también en los restaurantes de Arturo Fernández.
Los otros imputados
También ha declarado la representante del PSOE María Enedina Álvarez, a la que también entrególa tarjeta Norniellaaseverando que había un acuerdo con la agencia tributaria para que los consejeros no tuvieran que declarar.
Álvarez ha detallado que una vez quiso devolver un aparato de gimnasia que compró con la tarjeta black y que le hicieron hablar para ello con el director general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, y con el vicepresidente Norniella.
Jorge Gómez, del PSOE, que gastó 94.000 euros, asevera que no debía justificar gastos;
El representante de CEIM Javier López Madrid, amigo personal del rey Felipe II y yerno de Villar Mir, ha declarado ante el juez que actuó con exceso de confianza, que entró el justificante de los pagos pero no se le aceptó y que evidentemente hizo algo mal. Admitido este punto ha relatado que ha consignado los 34.800 euros que gastó y ha hecho una declaración complementaria.
El que fuera líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, que antes de declarar se ha presentado como “indignado” ante su imputación, ha defendido que la tarjeta, a la que cargó 44.200 euros, era para gasto personales.
Martínez ha explicado que una vez superó en 4.000 euros el límite de la tarjeta porque desconocía que se liquidaban en noviembre y no en diciembre, y aduce que él entregaba sus papeles al servicio del sindicato para que le hicieran la declaración, sin detallar eso sí, si les informó del uso de esta tarjeta.
Antonio Romero, finalmente, el representante del PSOE que debía declarar el martes por los 252.000 euros que cargó a su cuenta ha sido el único del día en defender que el uso de la tarjeta era de tipo institucional.
Romero ha detallado que en 2009 se les amplió el límite de gasto de25.000 a50.000 euros y ha denunciado que la tarjeta le fue duplicada por lo que algunos gastos que no son suyos se están contemplando en el juicio.
Preguntado por qué sacaba dinero de 500 en 500 euros de cajeros para gastos “de representación”, Romero ha señalado que los taxistas no permitían pagar siempre con tarjeta.
Peticiones de fianza
Concluida la declaración de los 27 exconsejeros de Caja Madrid que disfrutaron de tarjetas black, el fiscal ha pedido fianza, de momento, para 19 de ellos. El juez, en todo caso, podría esperar a pronunciarse al viernes, cuando ha citado a los testigos.