Varios han presentado declaraciones complementarias por sus gastos

Hacienda investiga a los usuarios de tarjetas ‘B’

El exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, que fue consejero a propuesta de IU y que gastó 456.552 euros con su tarjeta black, el lunes al acudir a declarar a la Audiencia Nacional.
El exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, que fue consejero a propuesta de IU y que gastó 456.552 euros con su tarjeta black, el lunes al acudir a declarar a la Audiencia Nacional.

El fiscal ha pedido la imposición de una fianza por responsabilidad civil por los gastos que hicieron con sus tarjetas black para los nueve exconsejeros de Caja Madrid imputados que declararon este martes ante el juez. Varios de los titulares de estas tarjetas revelaron que están siendo investigados por Hacienda al aducir que la recopilación de gastos que maneja el juez no casa con la que les ha comunicado la Agencia Tributaria.

El más claro de ellos fue el exrepresentante de CC OO Francisco Baquero que aseveró que los 266.400 euros que cargó a la tarjeta según el informe forense que maneja el juez no casan con el dato agregado que le ha notificado la Agencia Tributaria en la inspección que le han abierto. Una discordancia que han señalado varios de los imputados, quienes sin negar la mayor aducen que hay gastos duplicados.

Pese a todo, muchos de ellos aseveran haber presentado declaraciones de la renta complementarias para tributar por sus gastos. En relación a este caso, el propio director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, advirtió este martes que el organismo “actúa siempre donde tiene que actuar”.

Lo que está demostrado es que nadie tributó en su día por los 15,2 millones de euros que 82 consejeros y directivos de Caja Madrid cargaron a estas tarjetas entre 1999 y 2012. Los imputados, que según su línea de defensa difieren al declarar si eran para uso institucional, personal o mixto, sí coinciden en señalar que daban por sentado que la entidad lo hacía por ellos.

Así lo sostuvieron ayer incluso los dos exsecretarios de Estado, de Hacienda y Comercio, imputados por el caso. El primero, Estanislao Rodríguez Ponga (que gastó 255.400 euros) declaró que entendía que el uso de la tarjeta estaba incluido en el certificado de retenciones, pero que al no ser una nómina era más difícil de controlar y que al ser miembro de otros consejos de administración no se detuvo a hacer el cálculo. Rodríguez Ponga explicó que le entregaron la tarjeta en lugar de facilitarle despacho, coche y chofer, y que su uso era institucional, que a diferencia de las dietas no debe justificarse.

El juez intervino en este punto para interrogarle sobre si sus cuantiosos gastos navideños en Hipercor eran también gastos de representación, lo que Rodríguez Ponga justificó como la compra de regalos, una labor importante de los consejeros, dijo, sin detallar los beneficiarios.El segundo, José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros) sostuvo que nunca tuvo dudas de su legalidad.

Más lejos fue el representante del PSOE José María de la Riva (208.000 euros) quien declaró que había un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que los consejeros no tuvieran que tributar por sus tarjetas ‘B’. El representante del PP Jesús Pedroche (132.000 euros) –que calificó la tarjeta de personal, porque solo los directivos representan a la caja y estos sí tenían una segunda tarjeta institucional– aseguró que mandó burofaxes preguntando por el modelo de tributación a Fundación Caja Madrid y a Bankia, que cada una le remitió a la otra firma y que le dijeron que no se preocupara.

La misma respuesta que dijo haber recibido el popular Alberto Recarte (139.900 euros), que adujo que siempre sospechó de la opacidad de las retribuciones mientras que el exministro socialista Virgilio Zapatero (36.000 euros) aseveró que fue “incómodo” para él la ausencia de un interventor y de más control. Ricardo Romero de Tejada y Mercedes Rojo, ambos, ambos por el PP, también asumieron que la caja tributaba por ellos.

Como algunos han devuelto parte del dinero gastado, el fiscal admitió que dichas cuantías se descuenten de una eventual fianza.

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