Hacienda investiga a 7.073 españoles con bienes en el exterior
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2012 una amnistía fiscal –eufemísticamente bautizada como declaración tributaria especial– que permitió a los contribuyentes con dinero negro o evadido regularizar su situación pagando un tipo del 10%. Se presentaron 31.529 declaraciones y el Gobierno recaudó 1.200 millones frente a los 2.500 millones previstos inicialmente.
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado este martes que Hacienda ha remitido al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) 705 expedientes de contribuyentes que presentan indicios de haber utilizado la amnistía fiscal para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, excluyéndose el delito fiscal. El Sepblac revisará los casos y decidirá qué expedientes traslada a la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ministerio Fiscal.
Por otra parte, Menéndez señaló ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que de la revisión de las declaraciones de la amnistía se habían iniciado 300 inspecciones fiscales de contribuyentes. La casuística es amplia. Hacienda, por ejemplo, ha detectado declaraciones de ciudadanos que estaban ilocalizables, no aparecían en sus bases de datos, no habían presentado nunca una declaración del IRPF o, incluso, eran menores de edad o figuraban como fallecidos. De las inspecciones iniciadas, 51 ya han concluido y han permitido liquidar una deuda superior a los 12 millones de euros.
El director de la Agencia Tributaria compareció ante el Congreso para explicar los resultados del plan de lucha contra el fraude fiscal que, como ya avanzó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitió recaudar 12.318 millones, un 12,5% más que el año anterior. De este importe, 2.262 millones corresponden al plan de incentivos que aprobó Hacienda y que permitió a los funcionarios realizar horas extra y vincular la retribución a los resultados.
Menéndez señaló que la Agencia Tributaria cuenta cada vez con más información y recordó que, desde 2013, los contribuyentes con propiedades, cuentas o derechos en el extranjero que superen los 50.000 euros deben presentar una declaración informativa en el primer trimestre de cada año.
"La 'lista Falciani' no es nada al lado de la información que tenemos del modelo 720 de declaraciones de bienes en el extranjero", asegura Menéndez
En este sentido, el director de la Agencia Tributaria señaló que se está investigando a más de 7.000 contribuyentes con bienes en el extranjero. Se está comprobando a ciudadanos que no presentaron el modelo 720 cuando tenían obligación de hacerlo. También, se investiga a contribuyentes que declararon fuera de plazo o presentaron el modelo en 2014 y, sin embargo, la Agencia Tributaria sospecha que también deberían haberlo realizado en 2013. Menéndez recordó que 134.000 contribuyentes presentaron el modelo 720 en 2013 respecto a los bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012. En conjunto, se informó de bienes por un importe de 88.865 millones.
Sin embargo, la Agencia Tributaria no detalla qué porcentaje de las rentas declaradas estaba oculto a los ojos del fisco. En 2014, otros 32.125 contribuyentes presentaron por primera vez la declaración y detallaron bienes por un importe de 20.615 millones.
Un residente fiscal en España tributa por su renta mundial y los rendimientos logrados, por ejemplo, por un producto de inversión en el extranjero deben imputarse en la declaración del IRPF. En los países con los que existen convenios de doble imposición, los impuestos pagados en el Estado donde se haya generado la renta se descuentan de la factura fiscal que se paga en España.
Hacienda tiene convenios con multitud de países, Suiza incluida. La obligación de declarar las rentas en el extranjero se incluyó en la nueva ley contra el fraude fiscal. Generó –y sigue generando– muchas críticas por el duro régimen sancionador. No presentar la declaración contempla una multa de 5.000 euros por cada dato omitido, con un mínimo de 10.000 euros. Si se presenta fuera de plazo, la multa será de 100 euros por cada omisión con un mínimo de 1.500 euros.
Si Hacienda descubre que un contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración y no lo hizo, las consecuencias son terroríficas para el incumplidor.
Todo el importe no declarado se imputará como una ganancia patrimonial no justificada, lo que significa que tributará al marginal, cuyo tipo máximo hoy se sitúa en el 47% y en algunas comunidades alcanza el 49%.
Además, se aplicará una sanción del 150% sobre la cuota defraudada y los intereses de demora correspondientes. Todo ello es así, incluso, si los bienes proceden de un ejercicio no prescrito. La dureza del régimen sancionador llevó a profesionales como Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Consulting, a denunciar la normativa ante la Comisión Europea, que ha abierto una investigación.
Falciani, filtraciones y perdones tributarios
La comisión de Hacienda del Congreso hizo valer ayer la mayoría absoluta del PP para rechazar la comparecencia solicitada por el PSOE de Hervé Falciani, el exempleado del banco HSBC que robó en 2010 los datos de miles de clientes de la filial suiza de la entidad financiera. De hecho, la lista Falciani y las acusaciones al Gobierno de filtrar datos fiscales centraron buena parte de las intervenciones de los grupos parlamentarios antes y durante la comparecencia del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
PSOE y PP se acusaron mutuamente de aprobar perdones fiscales. La portavoz popular de Hacienda, Ana Madrazo, sugirió que la gestión de la lista Falciani por parte del anterior Gobierno socialista que recibió los datos en mayo de 2010 supuso un trato de favor. “Mandaron una amable carta para regularizar y no iniciaron procedimientos de inspección”, señaló Madrazo. Desde el PSOE, Pedro Saura, señaló que la actuación de Hacienda siguió criterios técnicos y se adoptó en los departamentos correspondientes de la Agencia Tributaria. Y lamentó que el PP equipare la gestión de la lista Falciani con “la repugnante amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que sirvió al señor Bárcenas”.
PSOE, Izquierda Unida y UPyD acusaron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de politizar la Agencia Tributaria y de utilizar los datos fiscales en función de sus intereses. Menéndez negó cualquier intromisión política y aseguró que el organismo que dirige actúa con profesionalidad. Acerca de la investigación fiscal sobre Juan Carlos Monedero, el número tres de Podemos, el director de la Agencia Tributaria aseguró que nadie que cumpla sus obligaciones debe temer a Hacienda.
