El fiscal y el FROB piden fianza civil para la mayoría de usuarios
La llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid fue la que abrió la veda para que las tarjetas black, anteriormente concebidas para gastos de representación, pudieran ser utilizadas para gastos personales.
Así lo han defendido el grueso de los nuevos imputados que han comparecido este lunes en la Audiencia Nacional, a la que han llegado entre abucheos y al grito de “golfos” por cerca de dos decenas de preferentistas. Se trata de la primera decena de los 79 nuevos imputados por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
El juez instructor Fernando Andreu investiga en esta pieza separada del caso Bankia que el gasto injustificado de 15,2 millones de euros por parte de 82 exdirectivos y exconsejeros de la entidad entre 2003 y 2012, por el que podrían haber incurrido en delitos de apropiación indebida o administración desleal.
El primero en declarar ha sido el exdirigente de IU y exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, que gastó 456.000 euros con esta tarjeta opaca a efectos fiscales. El imputado ha hablado más de una hora pese a que el juez preveía declaraciones de 20 minutos para cada persona.
Fianzas según el tipo de gasto
Buena parte del interrogatorio, que fuentes conocedoras catalogan como “durísimo” por parte de la Fiscalía, se ha centrado en la sistemática retirada de efectivo realizada por Morán Santín, que ha defendido que las tarjetas formaban parte de su paquete retributivo, si bien estaban concebidas tanto para gastos personales como para representativos. En la línea argumental a la que se han aferrado la mayoría de las defensas, Moral Santín ha dicho que daba por hecho que la entidad tributaría por este dinero y que desconocía su opacidad fiscal.
Al terminar su declaración, Moral Santín ha tenido que permanecer en la Audiencia Nacional dado que, según fuentes jurídicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido la imposición de una fianza por responsabilidad civil por sus gastos.
El fiscal, de hecho, ha ido solicitando esta medida cautelar para el grueso de los declarantes de hoy, a excepción del que fuera representante de CC OO Juan José Azcona, que ha justificado sus cerca de 100.000 euros como gastos de representación.
Tampoco se ha solicitado una fianza el histórico líder de este sindicato Rodolfo Benito, de momento, reservándose la posibilidad de pedirla una vez que haya estudiado en profundidad su hoja de gastos, de unos 139.000 euros, ni para el representante de Cepyme Guillermo Marcos Guerrero, que gastó 131.000 euros, cuyo caso también analizará. El fiscal ha pedido, concretamente, fianza para seis de los 10 imputados que han declarado hoy.
Nueva medida cautelar
En su día, el juez ya impuso una fianza de 16 millones de euros para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de otros tres millones a su sucesor al frente de la caja y de Bankia, Rodrigo Rato.
Un total de 19 millones de euros destinados a cubrir los 15,2 millones de euros gastados por los 82 usuarios de las tarjetas, más el tercio adicional que recoge la ley. Rato cubrió la medida con un aval concedido por Banco Sabadell mientras que para Blesa se declaró el embargo de sus bienes.
El fiscal ha matizado que las peticiones de fianza que sí ha realizado hoy son con carácter solidario, es decir, que deberán ser abonadas entre todos más allá del gasto que haya hecho individualmente cada uno. El FROB se ha adherido a las peticiones realizadas por el fiscal en todos los casos.
Tanto Azcona como Benito han defendido que las tarjetas fueron diseñadas para gastos de representación, lo que incluiría comidas, viajes, hoteles, libros o ropa –ante la obligación de acudir a los consejos con traje y corbata- pero no que nadie les informó de su posible uso para gastos personales.
La responsabilidad, de Blesa
El grueso de los imputados, sin embargo, ha señalado que fue el presidente de Caja Madrid desde 1996 a 2009, Miguel Blesa, el que tomó la decisión de permitir el uso de las tarjetas para gastos puramente personales. Así lo ha explicado por ejemplo el exalcalde de Leganés Ramón Espinar, que hizo uso de 174.800 euros con la tarjeta black.
A partir de ahí, la mayoría ha hecho referencia al que fuera secretario del consejo, el también imputado Enrique de la Torre, como la persona que les entregó la tarjeta y les informó sobre su uso.
Así lo ha apuntado el representante de CC OO Pedro Bedía, exconsejero de BFA, que gastó 77.082 euros y asevera que desde la entidad se le exhortó a gastar más, aduciéndolo que gastaba poco.
Otros, como el exrepresentante del PSOE José María Arteta, que gastó 139.000 euros, señalan que fue Fernández Norniella quien les aseguró que podían seguir gastando con la tarjeta B hasta tres meses después de abandonar su puesto en la caja, porque era el uso y constumbre en la entidad.
Díaz Ferrán
Al filo del medio día ha pasado a declarar el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán desplazado a la Audiencia Nacional en un furgón policial desde la cárcel de Soto del Real, donde permanece preso.
Díaz Ferrán, que cargó casi 94.000 euros a su tarjeta opaca –buena parte de ella en restaurantes de Arturo Fernández, responsable de la patronal madrileña- ha rehusado a declarar, con lo que su intervención apenas ha durado cinco minutos.
Tras imponer una fianza civil solidaria de 800 millones por la salida a Bolsa del pasado viernes, el juez podría terminar el día imponiendo nuevas medidas cautelares para algunos de los 10 usuarios de tarjetas black que declaraban hoy, respondiendo a la petición del fiscal y el FROB.
La lista de declaraciones previstas alcanzará las 27 el miércoles y será completada el viernes con la versión de los testigos, entre los que se encuentra el antecesor de Blesa, Jaime Terceiro, y los beneficiarios de tarjetas black que no hicieron uso de ellas.