El Gobierno la manda al Parlamento sin la opinión del regulador

La nueva ley de hidrocarburos se tramita sin el dictamen de la CNMC

El regulador ha sido invitado a participar en el comisión interministerial de carburantes

Pero la nueva ley va más allá de esta cuestión

José María Marín, presidente de la CNMC.
José María Marín, presidente de la CNMC. Efe

El pasado 12 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley por el que se modifica la ley de hidrocarburos. El texto llegó al Congreso en enero pero, para sorpresa y malestar de la CNMC, sin que el Ministerio de Industria se lo hubiese remitido para su informe. La ley de creación del organismo regulador obliga al Gobierno a remitirle todo tipo de proyectos normativos sobre sectores económicos para su dictamen. La opinión de la CNMC no es vinculante pero sí obligatoria.

Como llovía sobre mojado, ya que el ministerio que dirige José Manuel Soria también había ninguneado a la Comisión al no enviarle el real decreto ley de la reforma del sector del gas, su presidente, José María Marín, pidió explicaciones. Para subsanar tal defecto, el ministerio incluyó a este organismo en la comisión interministerial que se creó el mes pasado con el objetivo de estudiar medidas que mejoren la competencia en el mercado de los carburantes y hacer rebajar sus polémicos precios.

En dicho grupo de trabajo, que dirige Clara Guzmán, participan, además de la CNMC, los ministerios de Industria y Economía y la Oficina económica de la Presidencia del Gobierno. Fuentes del sector aseguran que ya tienen preparadas sus sugerencias y que el Grupo Popular en el Congreso las trasladarán a través de enmiendas a la futura ley. El fin del plazo de enmiendas termina este miércoles, día 18, aunque el de las parciales se ampliará hasta el 12 de marzo.

Pese a que el presidente de la CNMC se ha dado por satisfecho con esta solución, fuentes jurídicas consideran que el hecho de que pueda dar su opinión indirectamente a través de enmiendas, no subsana la falta de un dictamen a la ley.

Por un lado, porque no deja de ser una consulta no oficial del organismo regulador a través de un grupo de trabajo que las trasladará al Congreso a través del PP.

Por otro, y esto es lo más importante, porque el nuevo proyecto de del Ley de Hidrocarburos incluye un buen número de medidas más allá de las relacionadas con los precios de los carburantes. Es más, las propuestas para incentivar la competencia entre las estaciones de servicio, serán añadidos nuevos a un texto legal, que se elaboró antes de los descensos del precio del petróleo y de la polémica sobre el decalaje con el que las petroleras trasladan estas bajadas a los precios finales de las gasolinas.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha venido reiterando que el Gobierno tomaría medidas en este sentido (también para otros precios públicos, como el de los billetes de las aerolíneas), para lo cual se ha creado el citado grupo de trabajo.

La nueva ley de hidrocarburos incluye, entre otros, nuevos impuestos y cánones a la exploración y producción de hidrocarburos. Una fiscalidad relevante para el futuro del fracking en España, ya que la futura norma obligará a las petroleras a pagar un 1% de los ingresos obtenidos por la extracción de hidrocarburos a los propietarios del subsuelo.

También se crea el futuro hub de gas natural y su regulación. Precisamente la creación de este nuevo mercado habría justificado la petición de un dictamen de un organismo en el que, además de los antiguos reguladores de los distintos sectores económicos, está integrada la autoridad de la Competencia (la antigua CNC).

En cualquier caso, el Gobierno sabe que al tratarse de una ley y, por tanto, no recurrible en los tribunales, la ausencia de un dictamen, no tendrá con secuencias jurídicas.

El ‘hub’ vasco de gas, en peligro de disolución

Una de las medidas más relevantes del proyecto por el que se modifica la ley de hidrocarburos es la creación y regulación del futuro mercado mayorista (pool) del gas natural. Aunque el operador del mercado será una sociedad privada (Mibgas) creada por el operador del mercado ibérico de la electricidad (OMIE), el proyecto en trámite establece quién deberá participar y cómo en su accionariado. “¿A qué viene fijar el accionarado de una empresa privada?”, se preguntan fuentes del sector, después de añadir que el nuevo operador del nuevo mercado organizado lo ha diseñado la propia OMIE.

Tras su creación hace varios meses, el Gobierno nombró, además, presidente de Mibgas a un diputado del Partido Popular por La Coruña, Antonio Eiras.

La medida pone en cuestión el futuro del promotor de un hub de gas en España con sede en Bilbao, Iberiangashub, que se creó en 2012 y cuyo objeto social principal es la operación de este mercado. Pese a la experiencia adquirida en estos años, esta sociedad se puede ver abocada a la disolución si no logra pactar alguna solución durante el trámite parlamentario de la ley. Por el momento, podría seguir realizando operaciones bilaterales.

Controlada por Kutxabank y Caixabank, en Iberiangashub participan Enagás y la mayoría de los operadores energéticos con paquetes pequeños. La ley que regulará este mercado secundario, y que servirá para fijar un precio de referencia para el gas en la península ibérica, obliga a Enagás a tener una participación del 20% del capital en Mibgas, por lo que el operador del sistema gasístico deberá abandonar el accionariado de la compañía vasca.

Nadie cree que Kutxabank o Caixabank vayan a dar la batalla por el llamado hub vasco, pero fuentes políticas reconocen que sería necesario aprovechar el know how del proyecto que dirige Miguel Ángel Lasheras.

Por el momento, la propuesta de regulación del hub no cuenta con la opinión de la CNMC. En el expediente remitido al Congreso tampoco figura el informe del Consejo de Estado.

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