Incentivos perversos
Cierto olor a podrido, además de ser el título de una famosa novela del siglo pasado, podría ilustrar con precisión la época en que vivimos. Parece inherente al ser humano ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio, pero si queremos ser honestos, deberíamos reconocer que hemos llegado a la situación actual con la responsabilidad de algunos pero con la complicidad de casi todos.
Por regla general, la gente busca consistencia entre sus actitudes y sus comportamientos. Sin embargo, a menudo aparecen disonancias o contradicciones con las que convivimos habitualmente porque las sometemos a fuerzas reequilibradoras que nos devuelven esa apariencia de consistencia que necesitamos. Vivimos criticando duramente a los defraudadores y comportándonos fiscalmente de forma poco ejemplar. Esta doble moral se produce porque nos enfrentamos en el ámbito personal a estas cuatro situaciones: a) cambiamos de actitud convenciéndonos de que “no es tan negativo defraudar”; b) justificamos la disonancia afirmando: “todo el mundo lo hace”, c) racionalizamos la disonancia asumiendo que “colaboramos con la economía sumergida ayudando a los que se buscan la vida”, o d) cambiamos de comportamiento “dejando de defraudar”.
Existen múltiples motivos por los que preferimos situarnos en las tres primeras opciones y eludir la última. Asumir que lo que es de todos no es de nadie, desdeñar nuestras infracciones o no interiorizar nuestra propia responsabilidad individual son síntomas de inmadurez cívica que se complementan con algunos incentivos perversos que nos ofrece el sistema: 1) la percepción de impunidad basada en la manifiesta insuficiencia de controles; 2) la compensación en la comisión de ilícitos, y 3) la inadecuada configuración de algunos diseños institucionales.
Respecto a los controles, las Administraciones territoriales parecen el paradigma de lo que no debería ocurrir. Si la media anual de informes elaborados por la Sindicatura de Cuentas de Madrid en los últimos cinco años asciende a 11,8 y en dicha comunidad existen 346 organismos públicos (167 dependientes de la comunidad y 179 ayuntamientos), tardaríamos cerca de 30 años en fiscalizarlos a todos. Según el Informe del sector público local de 2012, último publicado por el Tribunal de Cuentas, aproximadamente 1.100 ayuntamientos (incluidas cuatro capitales de provincia) no rindieron cuentas en plazo, de los cuales el 50% lleva sin rendirlas tres o más años. Estos datos, a pesar de que mejoran ligeramente los de años anteriores, siguen poniendo de manifiesto que no puede ejercerse el control sobre los gastos que derivan de los aproximadamente 2.500 millones de euros de ingresos tributarios que dichas entidades recaudaron de sus ciudadanos, que existe desidia en los partidos políticos por mantener a los responsables en sus listas electorales, y que muchas diputaciones provinciales incumplen la tarea que tienen encomendada de apoyo y asesoramiento a los pequeños municipios.
El control debe ser uno de los frentes abiertos en la lucha contra el fraude o la corrupción, pero no el único. Según la RAE, disuadir implica inducir a alguien con razones a desistir de un propósito, y la realidad nos demuestra que el actual sistema no incluye ni las necesarias ni las suficientes. Si se carece de medios adecuados para su persecución, si no existe coordinación entre instituciones, si el sistema actual es arcaico (afirmación reciente del presidente del Tribunal Supremo), si no se aplican sanciones justas y proporcionadas a la gravedad de los actos, si el proceso se eterniza, si no se restituye lo robado, si no se aplican medidas disuasorias de inhabilitación o restitución social, estamos enviando un mensaje perverso a la sociedad: compensa delinquir.
Las medidas propuestas recientemente no empeoran la situación pero tampoco la resuelven porque el diseño institucional se mantiene intacto. Todo seguirá igual, continuaremos con las mismas prácticas: utilizando de forma inapropiada las subvenciones para desviar fondos o comprar voluntades y votos; permitiendo que los ayuntamientos manipulen las plazas de funcionarios de cuerpos nacionales para dejarlas vacantes y colocar a personas afectas; adjudicando contratos con sospechosa discrecionalidad; eligiendo a alcaldes infractores; ejecutando decisiones ilegales; pagando presupuestos inflados; pagando en negro; recalificando suelo rústico en urbano con fines recaudatorios sin existir demanda de vivienda, etc.
Hay quienes piensan que bastaría con aplicar las leyes, y puede que lleven parte de razón, pero hoy necesitamos más, hoy necesitamos mejorar lo que hacemos bien, pero sobre todo, tenemos que hacer bien lo que es manifiestamente mejorable.
Dicen que donde hay voluntad siempre hay camino, pero como carecemos de lo primero no encontramos lo segundo. Triste panorama, porque lo políticos deberían ser conscientes de la alarma social generada y deberían no olvidar la advertencia que hizo Roy Medvedev: “La ira popular no es provocada por teorías, sino por emociones”.
Rafael Martín es economista.