Grecia exige otra solución a Europa
Grecia, siempre Grecia. Desde los últimos meses de 2009, el país helénico ha estado siempre en la primera línea de debate y decisión la Unión Europea, y todo indica que lo seguirá estando en el futuro. La sobrada victoria de Syriza en las elecciones de ayer, que suponen un vuelco político desconocido allí o en cualquier otro territorio de la zona euro desde que existe unión monetaria, augura la revisión de la política económica y financiera de Atenas y quizás también de su relación con la Unión Europea. Pese a que el partido populista de izquierda triunfador en los comicios ha moderado notablemente su posición programática, hasta el punto de aceptar la presencia del país en el euro, hasta hace poco cuestionada, sigue siendo su propósito una profunda reestructuración de la deuda hasta convertirla en asequible para los griegos.
La posición inicial de los socios de Grecia en el euro –todos los demás países que forman parte de la eurozona y que han financiado los dos rescates del país helénico– es que esta debe seguir formando parte del club, pero cumpliendo los compromisos que ha adquirido, y que pasan por la devolución reglada de sus deudas y el cumplimiento de un programa de contrapartidas bien exigente. Pero esto es la teoría, y la práctica parece indicar que las posibilidades de los griegos de honrar íntegramente sus obligaciones financieras, con una economía estancada, con un aparato productivo muy endeble y con un Estado débil, son más bien escasas, por no decir nulas. La política de lo posible indica que una solución aceptable para Grecia y para la Unión Europea pasa por aflojar el cinturón a los griegos y buscar alternativas que movilicen la inversión para que lo haga el crecimiento. Sin crecimiento no hay posibilidad alguna de que las arcas públicas de Atenas puedan satisfacer los calendarios de pago, y las posibilidades de tener que acudir a un tercer rescate empiezan a ganar terreno en un país que tiene una deuda pública que supera el 175% de su PIB.
Syriza ha prometido a la ciudadanía políticas que le permitan “recuperar la dignidad y abandonar la austeridad”, mientras que la derecha, Nueva Democracia, que ha gobernado los tres últimos años, insiste en que las promesas de la izquierda radical son de imposible aplicación. Tras los resultados de ayer la formación de gobierno pasa por Syriza, con Alexis Tsipras como presidente, y una nueva etapa en la relación con Europa está servida. Para empezar, Tsipras ha saludado el vasto paquete de medidas aprobado el pasado jueves por el Banco Central Europeo, aunque no sean precisamente los bonos griegos los que comience comprando la autoridad monetaria. Pero el solo hecho de respaldar tales decisiones supone que ha entrado en el juego, aunque sea para cambiarlo, y desde luego todo indica que la solución definitiva, si es que alguna puede tener tal calificativo, solo puede llegar con un Gobierno revisionista.
Europa está hoy más preparada que hace dos años para encajar el problema griego, sea un default, una quita, un alargamiento de plazos de pago o incluso la radical e improbable salida del euro. Ha reforzado los instrumentos financieros precisamente por el acoso de los mercados en la crisis de deuda hasta el punto de que Grecia presiona menos a la Unión. Pero no por ello debe mantener una posición inmovilista.
Debe manejar otras soluciones, puesto que la austeridad a ultranza está ya agotada en países con escasa masa crítica para dar la vuelta a una situación recesiva. Y debe atender la circunstancia de que la resistencia de la sociedad griega, más sometida que ninguna otra en Europa a los rigores de la ortodoxia fiscal, está al límite, así como que Grecia ha logrado alcanzar ya el superávit primario (saldo fiscal excluyendo la factura financiera). Tal esfuerzo debe ser recompensado con una salida financiera airosa que refuerce las posibilidades de volver a los mercados con garantías, sin que ello suponga el contagio de las finanzas de otros países sureños, como ocurría en el pasado con España o Italia.
La vara de medir debe ser la misma para todos, y tiene poco sentido llevar al límite a determinados países, pese a que tengan alta responsabilidad en su situación, y no utilizar la misma presión con otros que se han puesto al abrigo de las medidas monetario-fiscales del BCE y han esquivado su obligación de reformar sus anquilosadas economías.