Balance de la actividad turística

Batalla judicial por los apartamentos no reglados

Turistas en la Plaza Mayor de Salamanca.
Turistas en la Plaza Mayor de Salamanca.

La principal preocupación de los empresarios se centra en el fenómeno de los apartamentos turísticos irregulares. La proliferación de casas para alquilar en portales como Airbnb han levantado todas las alarmas entre las empresas hoteleras, que han sido testigos del impacto negativo que otras empresas (Blablacar o Uber) han generado en otros sectores de actividad. Los empresarios les acusan de competencia desleal, en la medida en la que las personas que alquilan sus casas tan solo tienen que estar registradas en la central de las empresas que dirigen esos negocios y no tienen que pagar impuestos ni verse sometidas a la regulación específica de cada autonomía.

Ante la pasividad del Estado y de las comunidades autónomas, competentes en esta materia, los empresarios ya han anunciado que la batalla legal contra los apartamentos turísticos será la prioridad para este año.

El caso más representativo que les sirve para anunciar esa pelea es el de Uber, la plataforma que ponía en contacto a propietarios y usuarios de vehículos para ahorrar costes. Una denuncia de la Asociación Madrileña del Taxi fue estimada por el juzgado de lo mercantil número dos de Madrid, que ordenó el cese de la actividad de Uber, al considerar que sus conductores carecían de autorización administrativa alguna para desarrollar dicha labor y que la actividad era competencia desleal para el taxi. El día 31 de diciembre, la compañía recibió formalmente la sentencia y tomó la decisión de suspender temporalmente el servicio en España.

La principal queja de los empresarios se centra en la merma que sufre su rentabilidad y en el hecho de que las empresas que gestionan estas propiedades no paguen impuestos. Algunas comunidades, como Madrid, han legislado en ese sentido y obligan a los propietarios de estas viviendas a estar inscritos en un registro, a vender alquileres que en ningún caso podrán ser inferiores a cinco días, a tener equipados los inmuebles (amueblados o con acceso telemático, entre otras cuestiones), a garantizar el libre acceso al público sin discriminaciones de ningún tipo y tendrán una única categoría, al revés que ocurre por ejemplo con los hoteles (catalogados por estrellas).

Unas condiciones que muchos de los establecimientos pueden cumplir y que no impiden que se produzcan altercados e incidentes como los que se sucedieron en la playa de La Barceloneta (Barcelona) el pasado verano y que provocaron que los vecinos se manifestaron por los ruidos y las molestias que generaban los inquilinos de esos apartamentos turísticos, que no estaban sometidos a la autoridad de ninguna propiedad.

“No hay 11 millones de extranjeros con familia”

De los 61,7 millones de turistas que visitaron España entre enero y noviembre, dos tercios (39,1 millones) se decantaron por el alojamiento hotelero, mientras que un tercio (22,7 millones) optó por un establecimiento no hotelero. Un porcentaje que ha variado significativamente con la crisis y que, a juicio de los hoteleros, ha sido propiciado por el fenómeno de los apartamentos turísticos no reglados bajo el epígrafe de ocupación “en vivienda propia, de familiares o de amigos”. Los últimos datos apuntan a que más de la mitad de los extranjeros (11,7 millones) que optaron por no alojarse en un hotel lo hicieron en casa propia, de familiares o amigos. “No hay 11 millones de personas extranjeras con familiares en España”, apunta Juan Molas, presidente de Cehat. El alojamiento no hotelero creció un 10,7% hasta noviembre, el doble que el hotelero.