Tribuna

Tarjetas y actividad empresarial

Después de varias semanas siguiendo los titulares de la prensa nacional, hemos llegado a la conclusión de que las tarjetas de empresa son un producto relativamente desconocido para el gran público en España. Son pocos los que han visto alguna vez una y todavía menos los que disponen de una. Resulta llamativo que ni siquiera sea posible encontrar estadísticas públicas que desagreguen las de particulares de las empleadas en el entorno profesional.

La primera puntualización que conviene hacer es que, para nosotros, debería entrar en la misma categoría tanto la tarjeta que una gran corporación puede proporcionar a sus ejecutivos como la que utiliza un autónomo para pagar a sus proveedores. En la práctica, sabemos que muchos microempresarios utilizan tarjetas personales en sus negocios, siguiendo la mala práctica de la unidad de caja, que cualquier gestor desaconsejaría.

Habitualmente, las tarjetas de empresa se identifican con tarjetas de crédito a disposición del trabajador, para que este pueda realizar pagos necesarios para el desempeño de su actividad. Si bien estas son las más conocidas, las tarjetas que se utilizan en el entorno empresarial pueden ser de diversos tipos. Además de las ya mencionadas, existen tarjetas corporativas de débito o crédito ligadas a las cuentas corrientes de un empleado o de la propia sociedad mercantil, y también tarjetas prepago, cuyo uso se da en diversos nichos en los que son aplicables exenciones fiscales para los trabajadores (como en los casos de las tarjetas de comida o de transporte), o bien porque es deseable un mayor grado de control por parte de la empresa, como ocurre en las tarjetas destinadas a cubrir gastos de viaje o en aquellas que se usan como incentivo para determinados trabajadores.

Por un lado, las tarjetas corporativas permiten determinar a priori los usos que se les podrá dar por parte de sus poseedores, en la medida en que se pueden configurar límites a las retiradas de efectivo o a los tipos de comercio en los que se pueden utilizar. Pero es que además facilitan la revisión y autorización a posteriori de los gastos en los que se ha incurrido. Esto facilita también la vida al empleado, ya que si llegara a extraviar el comprobante de una operación en efectivo o no tuviera la precaución de solicitar una factura, la operación quedaría igualmente registrada.

Las tarjetas de empresa suelen ofrecer además una serie de servicios de valor añadido que hacen todavía más atractivo el producto para el empresario. El más destacado es, sin duda, el seguro de viaje que suele ir asociado. Este producto ha sacado de apuros a más de un sufrido viajero que se ha quedado en tierra por causas ajenas a su voluntad. Además, otro factor a tener en cuenta a la hora de contratar una tarjeta corporativa es la flexibilidad que ofrece para gestionar la tesorería de la empresa. Las tarjetas de crédito permiten realizar una previsión de necesidades de caja con gran precisión, ya que la fecha de cargo suele ser fija.

Por último, creemos necesario resaltar que las tarjetas corporativas no solo han mostrado su utilidad para mejorar el control y transparencia en el sector privado. En el ámbito de la función pública, empleados y directivos pueden realizar adquisiciones o pagar sus gastos de representación por este medio, siempre que se auditen adecuadamente. En este contexto, las tarjetas ofrecen la tecnología óptima para llevar a cabo un control exhaustivo del gasto público, que luego puede presentarse detalladamente a la ciudadanía a través de portales de transparencia como el inaugurado en España.

Un fantástico ejemplo de uso de tarjetas en el ámbito público lo encontramos en Reino Unido, donde se utilizan tarjetas corporativas de crédito (corporate credit cards) y tarjetas de compras de gobierno (government procurement cards). Mientras que las primeras son similares en funcionamiento a las tarjetas de empresa, las segundas son un medio para adquirir diversos servicios y materiales con menos papeleo por parte de los funcionarios. La normativa británica obliga además a publicar en el portal de gobierno abierto cualquier transacción de más de 500 libras esterlinas, si bien hay departamentos que dan cuenta a los ciudadanos de todos sus gastos.

En definitiva, esperamos que este texto contribuya a la mejor comprensión de un producto que últimamente ha cobrado notoriedad por un uso indebido, pese a las innegables ventajas que ofrece para distintos tipos de organizaciones y profesionales.

Álvaro Martín y Diego Vizcaíno son socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI).