Aprobada la Ley Macron
El ministro de Economía, Emmanuel Macron, ayer durante la presentación de la Ley para el Crecimiento y la Actividad.
El ministro de Economía, Emmanuel Macron, ayer durante la presentación de la Ley para el Crecimiento y la Actividad.

Francia permitirá abrir 12 domingos a los comercios

El Consejo de Ministros presidido por Francois Hollande ha aprobado la Ley para el Crecimiento y la Actividad, que persigue la eliminación de trabas administrativas para facilitar la creación de nuevas empresas, la apertura de comercios en domingo y el acceso a profesiones reguladas, especialmente en el sector jurídico.

El punto más polémico se refiere a la liberalización de horarios comerciales. Francia, tradicionalmente contraria a que los comercios abran en festivos y domingos, verá como el Ejecutivo socialista de Hollande amplía de 5 a 12 las aperturas en domingos y autoriza a la creación de zonas turísticas internacionales, en las que se podrán abrir siete días a la semana. Una decisión que satisface las reivindicaciones de la patronal, pero que ha soliviantado a los sindicatos.

Las líneas maestras de la liberalización comercial tienen bastantes similitudes con los cambios puestos en marcha por España desde 2012 en materia de libertad comercial. Así se aprobó ampliar de 8 a 10 el mínimos de festivos de apertura y se elevó de 72 a 90 horas el mínimo semanal. Asimismo se estableció un plan para que 14 grandes municipios habilitarán zonas de gran afluencia turística, con libertad absoluta de horarios comerciales.

El proyecto, conocido como Ley Macron por ser el titular de Economía su principal defensor, también aboga por acelerar la venta de activos para reducir la abultada deuda pública, que cerrará este año en el 96,5% del PIB y que podría rozar el 100% del PIB en 2016. El Ejecutivo prevé ingresar hasta 10.000 millones. Buena prueba de ello son los 300 millones obtenidos por la venta de la gestión del aeropuerto de Toulouse y otra cifra importante que saldrá de la privatización de los de Niza y Lyon.

El proyecto también apuesta, al igual que la ley española de servicios y colegios profesionales por la rebaja de las elevadas tasas en determinados colegios profesionales y la eliminación de barreras para el acceso a los mismos. De este modo, los honorarios que cobran los notarios (uno de los mejor remunerados, con unos 300.000 euros de ingresos anuales de media), los oficiales de justicia, los peritos tasadores o los administradores judiciales también se verán afectados por medidas similares. En total, serán 13.500 los profesionales afectados.