El Foco

La teoría de Pareto y la corrupción

Cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción la ciudadanía se indigna y se pregunta dónde estaba Hacienda que no fue capaz de descubrir antes el engaño. Como funcionario de Hacienda, el comentario, aunque entendible, me provoca impotencia ya que la Agencia Tributaria no tiene competencias en materia de corrupción, y cuando descubre dinero no declarado procedente del delito, debe limitarse a ponerlo en conocimiento del juez.

Eso sí, cuando la justicia no es capaz de probar los delitos, pero sí la existencia de la riquezas obtenidas, entonces reaparece Hacienda obligando a tributar por estas ganancias como si fueran lícitas, dándole al corrupto allí donde más duele, que suele ser el bolsillo, para terminar devolviendo vía impuestos, aproximadamente, lo que robó. Como le sucedió al famoso Al Capone, a los grandes delincuentes se les suele pillar por los impuestos.

Como le sucedió al famoso Al Capone a los grandes delincuentes se les suele pillar por los impuestos

La generalización de los casos de corrupción demuestra que asistimos a un cambio en nuestra sociedad, con la quiebra de la confianza de los ciudadanos en fórmulas políticas que habían instaurado de facto un sistema bipartidista. La aparición de organizaciones con base popular, así como la pujanza de otro tipo de agrupaciones políticas con escaso peso en el pasado, que ahora empiezan a contar para la opinión pública y en los votos, está determinando una nueva etapa.

Decía el economista y sociólogo Vilfredo Pareto que “la historia es un cementerio de aristocracias”, en alusión a la aparición y evolución de las aristocracias u oligarquías políticas que se hacen con el control de los Estados. Pareto afirmaba que los nuevos proyectos políticos se abren paso con la táctica del león, llegando al poder con grandes ideas y vigor. Posteriormente, llegan a la madurez y la fuerza inicial es sustituida por la astucia para mantenerse en el poder. Es en esta etapa en la que aparece la corrupción, que da paso a una nueva aristocracia. Sin duda, asistimos en estos momentos a un cambio, y los múltiples casos de corrupción son un claro ejemplo del proceso descrito por Pareto, y de que la historia siempre se repite.

El sistema actual anticorrupción es deficiente y no permite descubrir los casos de corrupción hasta años después de que se consumen. Tampoco permite recuperar el dinero robado, lo que provoca en el corrupto una indeseable sensación de impunidad. Debemos endurecer las penas para aquellos que no devuelven lo hurtado y establecer una transparencia absoluta de las cuentas públicas, de forma que se publique hasta el último céntimo gastado de dinero público. También es necesario desarrollar una política activa de concienciación social de los efectos perniciosos de la corrupción y el fraude fiscal.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que conocemos se descubren por denuncias de particulares, de ahí lo conveniente de potenciar esta medida dando una recompensa económica a los que denuncian con pruebas. Esto se hace con éxito en países como Estados Unidos, Alemania y Francia, países que en grandes casos de corrupción económica han llegado a pagar millones de euros a particulares que denunciaban delitos. Y es que muchas veces, el denunciante puede llegar a perder su empleo, por lo que debería ser normal recompensarle. Algunos han tachado esta figura como de delatores o soplones. Sin embargo, en mi opinión, se trata de un ejercicio de buena ciudadanía porque lo que de verdad es poco ético es la corrupción, los corruptos y sus malas prácticas.

Un único organismo debería englobar todas las competencias contra las infracciones económicas

Es más necesario que nunca la creación de un nuevo marco de lucha contra la delincuencia organizada más sencillo, que permita reprimir con anticipación los casos de corrupción. En este sentido, Inspectores de Hacienda (IHE) hemos propuesto que un único organismo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de gran prestigio, englobe todas las competencias contra la delincuencia económica. En España, ello supondría integrar a policías, guardias civiles, inspectores de Hacienda, fiscales, abogados del Estado, interventores… en un organismo que se encargue de investigar los casos de corrupción, los ponga en conocimiento del juez, colabore en la instrucción de los delitos y recupere los bienes que los delincuentes han obtenido de sus delitos.

Actualmente, los jueces se ven desbordados con los casos de corrupción, con expedientes de miles de folios y con medios escasos. El órgano anticorrupción propuesto tendrá capacidad, conocimientos y competencia para que en el momento en que las actuaciones se pongan en conocimiento del juez, este tenga un alto grado de madurez que le permita tramitarlo en un tiempo razonable.

Asimismo, es clave el potenciar la prevención. Con la información que actualmente se usa solo para fines tributarios se podría hacer un análisis patrimonial de todas las personas que gestionan dinero público, de contratistas y de proveedores de las Administraciones públicas, y extraer de ellos candidatos de corrupción o de blanqueo de capitales. Ello, sin duda, anticiparía la detección de estos delitos que muchas veces, como hemos visto, tardan décadas en ser descubiertos.

Somos mejores cuando nos vigilan y, por ello, el ciudadano tiene derecho a conocer lo que se hace con su dinero y a tener conocimiento exhaustivo de lo que se gasta cada institución con dinero público para saber si sus políticos gastan como deben y, por supuesto, tenerlo en cuenta para su próximo voto. Esta difusión generará en los políticos incentivos a gastar más eficientemente y disiparía tentaciones de corromperse.

En casi todos los escándalos de corrupción es habitual que los capitales se refugien en los llamados paraísos fiscales. El problema de estos territorios es que no dan información, por lo que es urgente tomar medidas radicales contra estos países y con las organizaciones que trabajan con ellos.

Adoptar la actitud de rechazar la corrupción es algo más que solo condenarla y juzgar a los corruptos. Y es que el gran peligro para adoptar medidas anticorrupción es que deben ser decididas por los mismos a quienes posiblemente se les va a aplicar. Por ello, los votantes debemos exigir a nuestros representantes que modifiquen leyes e instituciones para luchar activamente contra la corrupción y poner mucho énfasis en medidas preventivas.

Julio Ransés Pérez Boga es presidente de Inspectores de Hacienda del Estado.