Los autónomos cobran el desempleo una media de seis meses
A finales de 2010, los trabajadores autónomos lograron por fin una de sus demandas históricas:que el Gobierno creara un sistema de prestación por desempleo para el colectivo, que se denominó prestación por cese de actividad. Desde entonces estos trabajadores pueden cotizar por esta contingencia para cobrar una ayuda en el caso de que su negocio no vaya bien y tenga que cerrar. Sin embargo, el éxito de dicha prestación no ha sido el que se esperaba.
Desde el primer año de cobro, que fue 2012 (tienen que cotizar al menos 12 meses antes de tener derecho a cobrar, igual que los asalariados) el número de autónomos que cotizan por cese de actividad está siempre en el entorno de los 650.000 aproximadamente, poco más del 20% del total del colectivo.
Este volumen se ha mantenido más o menos estable, con ligeros aumentos o descensos hasta ahora. Si bien en los últimos meses se ha producido un par de circunstancias que han generado mejoras en la aplicación del sistema.
El Gobierno estudiará si pone una cuota obligatoria
La Ley de Mutuas que está pendiente de paso por el Senado y aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados, recoge una nueva regulación del sistema de prestaciones por cese de actividad. La nueva norma, facilita el reconocimiento y cobro de estas ayudas, tras constatar el Gobierno el poco éxito durante los tres primeros años de aplicación.
Sin embargo, esta ley no incluirá finalmente la intención inicial del Ejecutivo que era hacer obligatoria la cotización por cese de actividad para todos los trabajadores autónomos.
Esta medida tenían partidarios y detractores dentro del propio Ministerio de Empleo, así como entre los distintos grupos parlamentarios que tramitan la norma. Al final, se ha escogido una fórmula que mantiene la voluntariedad de esta cotización. Así, solo cotiza el autónomo que quiere, pagando un 2,2% más en su base de cotización. Si bien en realidad es un 1,7% porque existe una bonificación asociada a la cotización de incapacidad temporal del 0,5%.
En cualquier caso esta voluntariedad queda sujeta, en la nueva ley, al compromiso del Gobierno de realizar en el plazo de cinco años un estudio en profundidad de la aplicación del sistema. En el caso de que este resultara deficitario, la cotización sí debería convertirse en obligatoria para todo el colectivo. De momento, ese déficit queda muy lejos, según recuerda el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien asegura que en la actualidad “apenas el 20% de todo lo que se recauda por esta contingencia se destina al pago de prestaciones”. El resto de este dinero queda en las reservas de las Mutuas. En 2015 se prevé una financiación neta del sistema de 150,2 millones de euros, un 24% más.
Estas mejoras han propiciado un aumento del número de cotizantes, un incremento del periodo medio de cobro de esta prestación y, sobre todo, un aumento en la cantidad de solicitudes de ayuda que las mutuas reconocen y abonan.
Así, los autónomos ha pasado de cobrar una media de cuatro meses la prestación, a un promedio de 6,2 meses, según los datos oficiales acumulados de los nueve primeros meses de 2014 elaborados por el Ministerio de Empleo.
Este periodo es comparable con el tiempo medio de cobro de las prestaciones contributivas por desempleo de los asalariados (excluidos los subsidios asistenciales). Según los datos cerrados de 2013, el 22% de los perceptores de una prestación por desempleo para asalariados lo cobró entre cuatro y ocho meses; el 17% entre dos y cuatro meses; el 16% entre ocho meses y un año. Y solo el 3% cobró el máximo de dos años reconocido legalmente.
Los autónomos también se quejaban de que el 80% de las solicitudes de esta prestación eran rechazadas por las mutuas. Estos datos también han cambiado a mejor, ya que entre enero y septiembre se han presentado un toal de 5.416 solicitudes, de las que se han reconocido el 37,2%. De esta forma la tasa de rechazo de solicitudes ha caído casi en veinte puntos porcentuales.
¿Por qué han ocurrido estas mejoras? Por un lado, el Ministerio de Empleo ha ido “limando” algunas disfunciones administrativas que se producían en las mutuas de la Seguridad Social –que son los organismos que gestionan esta prestación– y que estaban limitando el cobro de las ayudas, según fuentes conocedoras de la situación.
Así, a través de comunicaciones internas de la Seguridad Social a las mutuas, se ha pedido que en los casos en los que al autónomo que solicita la prestación le falte el pago de las cotizaciones de algún mes para reunir los doce meses exigidos para recibir dos meses la prestación, se le permita ponerse al día de las cuotas para reconocerle la ayuda.
Otra de las disfunciones que se ha intentado corregir desde la Seguridad Social es que se reconociera la prestación a los autónomos dependientes (trades), –que reciben al menos el 75% de sus ingresos de un solo pagador– aunque no estuvieran inscritos como tal y tuvieran el reconocimiento de su pagador.
Estas dos cuestiones ya corregidas se han incorporado a la nueva Ley de Mutuas, pendiente de su aprobación definitiva en el Parlamento.
Pero, además, la aprobación de un primer texto de esta norma en julio y su llegada al Congreso en septiembre, incluyendo estas y otras novedades que facilitarán el reconocimiento y cobro de la prestación, también podría haber animado a más autónomos a empezar a cotizar por esta contingencia. De hecho, en septiembre, se produjo un incremento del 1,9% de los cotizantes, algo inusual en un colectivo que apenas ha variado durante tres años.
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