La infanta Cristina, imputada por dos delitos fiscales
La Audiencia de Palma ha decidido mantener la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal pero no por blanqueo de capitales, en el marco del juicio por el caso Nóos, de manera que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular acusación contra ella y pedir que sea juzgada.
Los magistrados Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Diego Gómez Reino han archivado la imputación por blanqueo de capitales que también había planteado el juez instructor, José Castro, quien tendrá en su mano la decisión de sentar en el banquillo a la hermana del Rey aunque solo lo solicite la acusación popular que ejerce Manos Limpias.
En concreto, la Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del caso Nóos. Por su lado, se archiva la imputación por delito de blanqueo de capitales.
Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50% junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.
El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.
A las puertas de su despacho en Barcelona, los abogados de la infanta Miquel Roca y Jesús Silva han explicado a la prensa que, una vez se notifique la decisión de la Audiencia de Palma, la comunicarán por teléfono a la infanta Cristina y estudiarán los siguientes pasos a seguir en el proceso judicial.
El Gobierno respeta las decisiones judiciales
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado hoy el respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales después de que se mantenga la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales en el caso Nóos.
Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ha asegurado que en cualquier procedimiento judicial que haya abierto y que afecte a la persona que sea el Ejecutivo respeta las decisiones judiciales y los procedimientos.
“Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se puedan adoptar”, ha respondido la vicepresidenta al ser preguntada si cree que la infanta Cristina debe renunciar a sus derechos dinásticos.
La "doctrina Botín" podría impedir que se siente en el banquillo
Los abogados de la infanta Cristina han advertido de que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) podría impedir que se la juzgue si solo la acusación popular mantiene cargos contra ella.
La 'doctrina Botín' del Tribunal Supremo establece que no se abre juicio si no hay acusación de la fiscalía ni de la acusación particular, sólo de la popular. En cambio, la 'doctrina Atutxa' la matiza precisando que en algunos casos no puede haber acusación popular, porque el delito no se dirige contra intereses concretos sino colectivos, y entonces puede prosperar la acción popular. Para López Negrete, este no es un caso de un delito contra un interés particular, sino de uno general, la Hacienda Pública.