CiU insiste en pedir un aumento de las prestaciones de los autónomos
Los trabajadores autónomos han encontrado en CiU (Convergencia i Unió) un aliado para sus intereses. Algunas de las reivindicaciones que desde hace años han defendido las asociaciones de trabajadores por cuenta propia frente al Gobierno, son seguidas casi a pies juntillas por Convergencia. Así lo han expresado con una solicitud al Congreso para crear una subcomisión para estudiar y establecer las medidas necesarias para equiparar los derechos sociales de los trabajadores autónomos frente a los trabajadores del Régimen General
Según la exposición de motivos presentada en el Congreso, CiU considera que los trabajadores autónomos están insatisfechos con el nivel de protección que les ofrece la Seguridad Social. En este sentido, abogan por una serie de medidas que desea someter a estudio y que, a su juicio, mejorarían las coberturas y las opciones de éxito de los negocios puestos en marcha por los autónomos en España.
Cotizaciones progresivas
Una de las medidas más urgentes, en opinión del partido, es una normativa de cotización en función de los ingresos, tal y como ocurre en el régimen general. La creación de la Subcomisión serviría para lograr un marco de trabajo en el que se plantearan las bases de este sistema, ya que actualmente la mayoría de autónomos apuestan por abonar la cuota mínima. No perciben, según CiU, que las cotizaciones sean una inversión o beneficio, sino un impuesto.
Segunda intentona por parte de CiU
No es la primera vez que el Grupo Parlamentario Catalán presenta esta iniciativa. Ya en los primeros meses del año, concretamente el 20 de febrero, el Partido Popular se opuso a la creación de la subcomisión, rechazando la propuesta presentada en la sesión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. A pesar de ello, desde CiU insisten en la necesidad de plantear el marco necesario para el estudio y valoración de las propuestas que mejoren las coberturas sociales de los autónomos.
Según la propuesta presentada, los trabajos de estudio y valoración tendrían una duracion máxima de seis meses, tiempo en el que la subcomisión debería presentar unas conclusiones finales que se remitirían al Pleno de la Cámara, con el objetivo de ser debatidas y, si procede, pasar a la aprobación de las mismas.