Ignacio González destituye al director general de Economía por las tarjetas opacas
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido al director general de Economía, Pablo Abejas, con motivo del caso de las tarjetas “opacas” empleadas por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia. Pablo Abejas gastó 246.700 euros desde 2006 a 2012 con tarjetas de crédito supuestamente opacas, mientras que Carmen Cafranga, 175.200 euros desde 2003 a 2012.
Abejas, ha defendido que empleó de forma “legal” la tarjeta de crédito a la que, según ha dicho, tenía derecho como miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid y que se considera una “víctima” de este caso, por el que ha sido relevado del cargo. Se ha declarado “absolutamente” tranquilo con respecto al uso de la tarjeta de crédito y abierto a dar explicaciones en cualquier instancia, aunque ha recalcado que no está “encausado”, “ni imputado ni llamado por nada”.
El ex director general de Economía ha asegurado que el empleo de este tipo de tarjetas es habitual en el sector financiero y en todo tipo de grandes corporaciones, que declaró a Hacienda “todo” lo que Caja Madrid identificó como sus ingresos y que lo “único” que ha hecho es trabajar y cumplir con su obligación.
Según Abejas, el “número dos” de Caja Madrid le dio en su día una tarjeta, cuyas únicas condiciones de uso eran no sobrepasar el límite de 25.000 euros y no realizar gastos inadecuados.
Por ello, ha recalcado que esta tarjeta suponía, junto al pago de dietas por asistir a determinados órganos de dirección, su única retribución acorde con la “responsabilidad seria” que tenía en la entidad. “No nos hemos reunido unos cuantos para ver cómo hacemos para llevarnos el dinero”, ha aseverado.
El ex director general de Economía ha insistido en que no hizo un uso ilegal de esta tarjeta y que si ha habido un abuso o no en el caso de los miembros de Caja Madrid o Bankia que contaban con una “tendrá que juzgarlo quien corresponda”.
Abejas ha lamentado la polémica suscitada por esta “práctica habitual” que hasta 2009 se considera parte de los gastos de dirección de las grandes corporaciones bancarias y que, de calificarse como delito, supondría “encerrar a todos los directivos de España”.
“Ganar dinero legítimamente no es delito”, ha concluido el ex director general.
En paralelo, la presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, Carmen Cafranga, ha presentado su dimisión tras el escándalo de las supuestas 'tarjetas b' que consejeros de Caja Madrid habrían usado para gastos privados valorados en más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012.
Así lo ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press donde explica que a la vista de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación estos días sobre las tarjetas de empresa, presenta su dimisión con “el fin de preservar los intereses de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid”.
También destaca su “firme convicción” de haber actuado “siempre” con “plena legalidad”, y, en todo caso, ha indicado que “si a la luz de la clarificación jurídica de los hechos hubiere lugar a ello”, tiene el “firme compromiso de hacer voluntariamente las reparaciones a las que hubiere lugar”.
En el mismo comunicado, Cafranga explica que el sistema de compensación a los consejeros de la desaparecida entidad financiera, de la que es heredera la Fundación, está documentado y definido en sus órganos de gobierno desde 1988.
“Es un modelo generalizado en este tipo de entidades y en numerosas empresas y estaba sometido a los más rigurosos sistemas de control y fiscalización, tanto internos como del Banco de España y de los demás organismos supervisores y reguladores competentes”, ha asegurado, destacando que las opiniones jurídicas consultadas “descartan cualquier irregularidad de tipo penal”.
Por otra parte, señala que la Fiscalía Anticorrupción se ha limitado a remitir al Juzgado que instruye el llamado 'Caso Bankia' la documentación facilitada por el FROB, “para que el material sea examinado por los peritos del Banco de España en el contexto de la pericia que ya les venía encargada”.
En este sentido, aclara que no existe respecto de su persona ni de la Fundación “imputación judicial de ningún tipo como tampoco existe acusación por esta cuestión de las tarjetas de empresa contra los consejeros y cargos electos de Caja Madrid”. “
No obstante, explica que deja la presidencia de la Fundación “con el fin de despejar toda sospecha de instrumentalización” de la misma en su favor.
Sobre el uso de las tarjetas, añade que “como es evidente”, desde los años ochenta hasta la creación de Bankia en 2011 “han pasado por la entidad Caja Madrid un conjunto de personalidades que han utilizado las tarjetas de empresa y cuya probidad es incuestionable”.
“Poner en cuestión que el sistema se hacía con plena legalidad, con gestión propia de la entidad y con absoluta transparencia, ya que precisamente el modelo de las tarjetas de empresa aseguraba el máximo control, choca con una realidad acrisolada en el tiempo”, ha sentenciado.
El juez remite la información a los peritos del Banco de España
El juez Fernando Andreu ha remitido a dos peritos del Banco de España toda la documentación relativa a las tarjetas de crédito “opacas” con las que la cúpula de Caja Madrid gastó 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012 para que analicen si las 86 personas que las usaron pudieron cometer algún delito.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado incorpora el informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado día 26 en el que aprecia indicios de delito societario y apropiación indebida en los hechos, así como toda la documentación recibida por parte de la propia entidad y del FROB, a la pieza separada que desgajó del caso Bankia sobre la prueba pericial del mismo.
Según apuntan fuentes jurídicas, Andreu quiere que los peritos -que, entre otros asuntos, deben pronunciarse sobre las retribuciones de los máximos dirigentes de Caja Madrid y Bankia-, le precisen si las 86 personas que disfrutaron de las tarjetas pudieron cometer los citados delitos y si el propio supervisor tenía conocimiento de su existencia.
Fue la propia entidad la que, a través de una auditoría interna, detectó hace meses estas tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y lo comunicó el pasado 26 de junio a su principal accionista, el FROB.
De esta forma, el fondo de rescate español avisó a Anticorrupción de que existían estas tarjetas de crédito, de las que no hay soporte contractual ni consta decisión al respecto por parte de los órganos de gobierno, y que suman en total gastos por 15,5 millones.
El grueso, 15,25 millones, fueron cargados exclusivamente a Caja Madrid, en tanto que 245.200 euros adicionales fueron facturados a Bankia en 2011 y 2012, antes de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia.
De esa cifra, 3 millones fueron gastados en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
Un total de 65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y otros 21 consejeros ejecutivos y directivos se beneficiaron de estas tarjetas, gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Caja Madrid y “mano derecha” del expresidente de la entidad Miguel Blesa.
El propio Sánchez Barcoj encabeza el listado de gastos con 484.200 euros, seguido por el exvicepresidente de la caja José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, con 456.500 euros, y el exdirectivo Ricardo Morado, con 448.300 euros.
La factura de Blesa, por su parte, asciende a 436.700 euros, una media anual de 54.600 euros, aunque solo en 2009, su último año completo al frente de Caja Madrid, gastó 65.000 euros.
En ese último periodo, Sánchez Barcoj seguía estando en la entidad y volvió a ser el principal beneficiario, con 90.879,24 euros en gastos; aunque también figuran otros gastos de exdirectivos de Caja Madrid que siguieron disponiendo de tarjetas.
La lista la completa el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los ex directivos José Manuel Fernández Norniella y Matías Amat, si bien todos ellos devolvieron a Bankia a principios de julio de 2014 los gastos sin justificar de sus tarjetas de crédito después de que Bankia se los reclamara.
