Tribuna

Los empleados públicos y la recuperación

Cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmaba ayer, con ocasión de la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, que “los empleados públicos han hecho un esfuerzo extraordinario para contribuir a la salida de la crisis”, estaba haciendo mucho más que una declaración política. Estaba poniendo en valor el mayor activo con el que cuentan las Administraciones Públicas.

Puede que a muchos empleados públicos, que acumulan cuatro congelaciones en sus retribuciones, y que vieron cómo, en 2010, sufrían una reducción del 5% en sus retribuciones, ninguna declaración sirva para compensar esa sensación de frustración que sienten por haber sufrido esas medidas. Sin embargo, la realidad es ésa: sin el sacrificio reconocido y el trabajo constante que han desempeñado los empleados públicos en los últimos cinco años, este país, hoy, no estaría dejando atrás la mayor crisis económica de sus historia, impulsando una senda de crecimiento económico y el mayor proceso de transformación y modernización de las Administraciones Públicas que ha conocido nunca nuestro país. No ha sido fácil. Lo saben los empleados públicos y lo sabe el Gobierno, el camino ha estado plagado de espinas, de baches en forma de déficit, estructuras sobredimensionadas y procesos administrativos de otra época.

Cuando, a finales de 2011, el Gobierno asumió sus responsabilidades, no sólo se encontró con un déficit mucho mayor del esperado y anunciado, sino también con una Administración que no se correspondía con las necesidades de nuestro país. Ante ese escenario, el Ejecutivo sólo tenía dos opciones: dejar las cosas tal y como estaban y asumir la perniciosa inercia por la que transitaba nuestra economía, o bien asumir la imprescindible necesidad de tomar decisiones importantes, porque los ciudadanos habían apostado por un Gobierno, con una misión especial: sacar a España de la crisis y construir otras bases sobre las que impulsar nuestro modelo productivo. Y el Gobierno, optó por la segunda opción.

Optó por tomar decisiones muy difíciles, decisiones que hubiese preferido no tomar. Decisiones que nunca imaginó que tendría que adoptar. Medidas, como la congelación de la tasa de reposición de efectivos, la congelación de retribuciones, la reducción de tres días por asuntos particulares o “moscosos” y, por encima de todas, la suspensión temporal del abono de la paga extra de diciembre de 2012. Decisiones muy duras, que dolieron a los empleados públicos y que muchos sintieron como una condena por un delito que no habían cometido, por algo de lo que no eran responsables: la nefasta gestión de las cuentas públicas del anterior Ejecutivo. Para el Gobierno, sin embargo, recurrir a estas medidas para reducir el déficit fue el resultado de una convicción distinta: con los empleados públicos, soporte de nuestro país, garantía de progreso y de la sostenibilidad de los servicios públicos y del Estado del Bienestar, siempre se puede contar. Hoy, transcurridos más de dos años desde que se adoptaron aquellas medidas, aquel escenario ha quedado atrás, y de la misma manera que el Gobierno tomó difíciles decisiones, procede, con toda justicia y aún mayor convicción, adoptar otras, en este caso, con plena satisfacción.

Empezamos con la devolución, primero en diciembre de 2013, con la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial y, posteriormente, en septiembre de este año, con la Ley de Racionalización del Sector Público, de dos de los tres días para asuntos particulares. Una medida que, hoy, con la ganancia de competitividad del empleo público del último año, y su incremento sustancial de productividad, no sólo es la devolución de lo que es justo, sino también el reconocimiento a una gran labor. Por ello, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, pese a que es necesario todavía ser prudentes, el Gobierno dispone de un pequeño margen para situar en el lugar que se merece la Función Pública: entre las prioridades absolutas del Gobierno. En ese sentido, el Gobierno sigue convencido de que hay que reforzar los servicios públicos esenciales, por lo que ha decidido elevar para los sectores esenciales la tasa de reposición, desde el 10% de los últimos años al 50% de los efectivos. Es hora de reforzar la Administración Pública. Además, y pese a que las necesidades de consolidación fiscal a la que nos hemos comprometido con nuestros socios europeos no permiten elevar el gasto, el Gobierno ha decidido devolver un 25% de la paga extra de diciembre de 2012. Un gesto que es una forma de devolver a todos y cada uno de los empleados públicos lo que es suyo. Puede, que a muchos empleados públicos todo esto les sepa a poco. A ellos quiero transmitirles que este país no hubiese logrado reducir el déficit en más de 25.000 millones de euros sin su esfuerzo, compromiso, responsabilidad, sacrificio y dedicación. Por ello, además, quiero transmitirles un mensaje: 2015 y 2016 serán los años de la Función Pública, soporte del Estado y garantía de su bienestar. Y es justo que así sea. Los empleados públicos se lo merecen.

Antonio Beteta es Secretario de Estados de Administraciones Públicas.