Cómo financiar una terapia sin arruinarse

Los laboratorios y la Administración negocian nuevas fórmulas de pago en los hospitales para fármacos de precio elevado como el de la hepatitis C

En las últimas semanas los medios de comunicación han trasladado a la opinión pública el caso de un nuevo tratamiento para la hepatitis C, que por su elevado precio ha tardado meses en estar disponible para los pacientes. Los ciudadanos se preguntan cómo es posible que la sanidad pública retrase el uso de una terapia que se dice eficaz hasta en el 90% de los enfermos, en una patología con hasta ahora pocas probabilidades de cura. Y también se cuestionan por qué la compañía farmacéutica quiere ganar tanto dinero por un medicamento (se ha llegado a hablar hasta de 80.000 euros por persona, aunque el precio final será significativamente menor). El sector privado, Sanidad y las comunidades autónomas trabajan, de hecho, en nuevas fórmulas de pago que incluyan una curación real.

Tradicionalmente se ha dicho que el desarrollo de un medicamento, desde el laboratorio hasta los ensayos finales con miles de pacientes, costaba 1.000 millones de dólares de media a la compañía farmacéutica, aunque no existe un consenso. De hecho, se han publicado estudios que rebajan esa cifra y otros que la elevan. Las farmacéuticas recuperan su elevada inversión mediante la venta del medicamento protegido por patente durante alrededor de una década. En los países europeos, tradicionalmente estas terapias están financiadas por la sanidad pública a un precio pactado y regulado.

Durante los primeros años suelen tener un elevado coste, que se rebaja muy significativamente cuando la empresa pierde la patente y entran a competir los genéricos. “Entre los retos de las farmacéuticas está ver cómo van a mantener su innovación y cómo va a ser compatible con la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud”, aclara Ignacio Rodríguez Prado, socio responsable de ciencias de la vida de KPMG.

Una de las claves sobre por qué ahora las farmacéuticas piden mayores reembolsos pasa porque en la investigación se está sustituyendo los más baratos fármacos de síntesis química por los nuevos biológicos. Estos tratamientos, realizados con materiales biológicos, son mucho más caros de elaborar. Han llegado para patologías como el cáncer, la esclerosis múltiple, y las enfermedades inflamatorias e infecciosas, como el nuevo Sovaldi para la hepatitis C, de laboratorios Gilead, que a partir de mañana será financiado por la sanidad pública. Los médicos y pacientes tienen muchas esperanzas, pero la realidad es que se enfrentan al problema de cómo van a ser costeados. España tiene una factura anual en recetas que supera los 9.200 millones de euros.

A la cola

El periodo de aprobación se alarga en el tiempo. Tras pasar los ensayos clínicos con pacientes, los productos son primero aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Cada país otorga una autorización inmediata para comercializarse, pero si la compañía quiere que se financie por la sanidad pública española, debe pasar una comisión interministerial de precios, donde se produce la negociación entre la Administración y la empresa.

El problema se ha agravado en los últimos meses por la necesidad de austeridad impuesta por el Gobierno. Ahí es donde se ha producido el efecto embudo. “La función del ministerio pasa por velar por la utilización eficiente de los recursos públicos, pero no se puede dilatar tanto en el tiempo una negociación. Lo retrasa porque sabe que lleva aparejado un aumento en el gasto farmacéutico”, apunta Gonzalo Casino, director de consultoría de Deloitte. “España está a la cola en el tiempo de aprobación de medicamentos en Europa. Aquí puede tardar hasta 20 meses”, añade.

El último informe de la patronal europea, respecto al año 2011, destacaba que la media en España para que un fármaco llegue al paciente desde que es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento es de 352 días, tres jornadas más que en 2010. En el otro lado del ranking, Dinamarca tarda solo 116 días.

“La media en 2009 era de 200 días. Los picos más altos se produjeron entre 2012 y 2013, cuando llegamos a los 450. Ahora se sitúa en 300, algo similar a los países de nuestro entorno, que viven las mismas restricciones que nosotros”, mitiga Humberto Arnés, director general de la patronal Farmaindustria. Desde Sanidad se explica que desde el comienzo de esta legislatura, se han aprobado 75 nuevos medicamentos innovadores. “Nos resta la negociación de 10 fármacos que ya han sido aprobados por la agencia europea”, asegura Agustín Rivero, director general de Farmacia en el Ministerio de Sanidad.

Supuestas innovaciones

Rivero lamenta que en ocasiones las compañías presenten supuestas innovaciones para aumentar el precio de un medicamento: “A veces cambian solo el formato o una toma diaria en vez de dos. Nos parece estupendo que lo vendan al mismo precio que ya se comercializa, pero no por el triple”. La estrategia del Ministerio es “compensar” los nuevos tratamientos aumentando el porcentaje de genéricos. “Buscamos un equilibrio”, puntualiza.

“Se está produciendo un cambio de modelo. Los fármacos de origen biológico son radicalmente más efectivos para enfermedades que no tienen cura. Debemos buscar nuevas fórmulas de establecimiento de precios considerando el valor de esos medicamentos para la sociedad”, arguye Arnés. “La industria está reclamando que hay que medir todos los ahorros que supone una nueva terapia”, confirma Rodríguez Prado, de KPMG, por ejemplo, en un menor gasto en hospitalizaciones o incluso en bajas laborales.

“Hay un cambio de paradigma con los nuevos tratamientos. El gasto en un fármaco puede ser muy elevado en un año, pero el paciente se beneficia durante muchos más. Busquemos soluciones imaginativas, como puede ser el diferimiento del pago en varios ejercicios”, señala Arnés. “Al final, lo que tenemos que lograr es haya una sostenibilidad en el sistema, que las innovaciones terapéuticas lleguen a los pacientes, a la vez que no se cercena el retorno económico de las compañías”, añade.

Algunas de estas nuevas fórmulas se han ido introduciendo tímidamente. Se han firmado ya media decena de contratos del llamado modelo de “riesgo compartido”. “Si un fármaco no cumple la efectividad que dice el laboratorio en un paciente, entonces lo paga la compañía. Si se llega a los niveles exigidos, entonces lo sufraga la sanidad pública”, describe Casino, de Deloitte. “Es una fórmula muy compleja de medir porque cada paciente es un mundo”, reconoce Arnés. Este modelo ya se ha utilizado en patologías como la hepatitis C, la fibrosis quística o la esclerosis, explican desde Sanidad.

“Otra posibilidad es establecer un techo máximo de gasto por fármaco. Cuando se sobrepasa, las compañías pagan el resto. Ya se han firmado entre 10 y 12 acuerdos de este tipo para oncología, terapias con inmunosupresores o en patologías infecciosas”, recuerda Rivero, el responsable del ministerio. De hecho, esta es la modalidad que Sanidad ha negociado con Gilead para aprobar el precio de reembolso al Sovaldi (que estará disponible desde el 1 de octubre, según Sanidad).

El socio de KPMG avanza otra fórmula que se ha comenzado a utilizar en Cataluña: “Se establecen unas tarifas fijas por paciente y por mes, lo que permite controlar el gasto”. De momento, los que esperan son los pacientes. Aunque tener un precio de reembolso no garantiza que llegue de forma inmediata al enfermo. “Cada comunidad autónoma a nivel hospitalario negocia después descuentos”, confirma Rivero.