Las claves del próximo Presupuesto de Rajoy

La contención del gasto en desempleo y en el pago de la deuda deja margen a la inversión

Los 2,5 millones de empleados públicos que existen en España volverán a ver sus sueldos congelados en 2015. Eso es lo que manejan los responsables del Gobierno que están diseñando los Presupuestos Generales del Estado para 2015, cuyas líneas generales prevé aprobar el próximo viernes el Consejo de Ministros.

A falta de cerrar los últimos flecos, los técnicos del Ministerio de Hacienda están elaborando las cuentas públicas para el próximo año con una previsión extraoficial (ya que no existe ninguna oficial) de IPC del entorno del 0%, lo que justificaría esta nueva congelación salarial, según fuentes de la Administración.

De hecho, desde Hacienda están negociando con los sindicatos la fórmula en la que devolverán, a partir de 2015, la paga extra de Navidad que fue retirada a los empleados públicos en 2012. Esto supondrá un desembolso de cerca de 5.000 millones de euros entre todas las administraciones públicas (Estatal, autonómica y local). Si bien en los Presupuestos Generales del Estado solo aparecerá presupuestada la parte correspondiente a los empleados estatales.

Asimismo, desde el Ejecutivo barajan alguna ampliación de la tasa de reposición de empleo público, bien aumentando el porcentaje al que está ahora mismo limitado (solo se reponen el 10% de las bajas) o ampliando los colectivos a los que se permite esta pequeña reposición.

Con ello, el gasto en personal seguirá en el entorno de los 14.000 millones de euros, conformando una de las mayores partidas junto con pensiones, intereses de la deuda y desempleo.

Pensiones: “El Presupuesto aún no está para alegrías”, respondía ayer un responsable gubernamental preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo decida subir las pensiones más del 0,25% que le exige la ley como mínimo. Por ello, fuentes conocedoras del Presupuesto de 2015 aseguran que solo se baraja, por el momento, la citada subida mínima, para los ocho millones de pensionistas, a pesar de que la ley permite un alza de las prestaciones del IPC más 0,50%.

El incremento del 0,25% supondrá unos 800 millones de euros, a los que deberán sumarse el incremento previsto de las pensiones y el efecto de reemplazo (las nuevas pensiones son un 38% más caras que las de los que fallecen). En total, el incremento del gasto en pensiones podría rondar los 2.000 millones. Esta cantidad se sumaría a los 127.483 millones que ya se presupuestaron para el pago de más de nueve millones de pensiones en 2014. No obstante –y a pesar de que fuentes del Gobierno ratifican estas dos decisiones de contención del gasto público– tanto la congelación los salarios de los empleados públicos un año más, como la subida mínima legal de las pensiones son medidas que podrían verse mejoradas en el último momento por decisión política, dado que estos presupuestos podrían ser los últimos antes de las elecciones generales.

Desempleo: Otra de las grandes partidas de gasto que ha hipotecado el presupuesto en los últimos años es la que se destina a pagar prestaciones y subsidios a los desempleados. En este caso, esta partida seguirá aminorándose en 2015. En 2013, el Gobierno tuvo que volver a pedir una ampliación de crédito para hacer frente a todos los pagos por desempleo, si bien no necesitó agotar todo este remanente, sino que solo utilizó poco más de 3.000 millones, para totalizar unos pagos por valor de 29.805 millones, un 6% menos que en 2012.

Para 2014, el Ministerio de Empleo presupuestó 29.429 millones, pero la disminución de casi 300.000 desempleados en los últimos doce meses y el agotamiento de muchas prestaciones ha recortado el gasto previsto en más de 3.000 millones entre enero y agosto. Y todo apunta a que a finales de 2014 el gasto final quedará en el entorno de los 25.000 millones, unos 5.000 millones menos de lo previsto. Para 2015, el Gobierno prevé que esta partida vuelva a adelgazar en otros 5.000 millones. Aún está por decidirse el coste de una mejora de las ayudas a los parados de larga duración con cargas familiares que Empleo negocia con los sindicatos. Estos últimos cifran esta mejora en 2.500 millones, pero otras fuentes del Ejecutivo aseguran que el coste será muy inferior a esa cantidad.

Intereses de la deuda: El capítulo destinado a pagar los intereses se ha convertido en una de las grandes partidas del presupuesto del Estado en la medida en que la deuda pública se ha incrementado exponencialmente durante la crisis hasta situarse al borde del 100% del PIB. Sin embargo, la rebaja de la prima de riesgo ha reducido el coste de emisión de la deuda y el gasto en intereses se quedará unos 8.000 millones por debajo de los 36.662 millones presupuestados. En 2015, es previsible que la partida de intereses aumente sobre el gasto real, aunque será inferior a lo presupuestado en 2014.

Inversión pública: El nivel de inversión en el conjunto de la Administración se situó en el 1,48% del PIB en 2013, el nivel más bajo desde 1964, primer año para el que existen datos comparables. El Estado suma cinco años seguidos reduciendo la inversión y es probable que, en 2015, crezca ligeramente esta partida.