Contra el pago por uso en autovías

Los transportistas galos presionan a su gobierno

Los transportistas galos presionan a su gobierno

Los sindicatos del transporte por carretera franceses publicaron ayer un comunicado para mostrar su rechazo a la Euroviñeta, un impuesto medioambiental para paliar tanto la contaminación como el deterioro de las vías causados por estos vehículos.

Esta nota salió ayer a la luz, tras haberse conocido el nuevo ejecutivo liderado por el primer ministro Manuel Valls, tras la reciente crisis de gobierno del país galo.

El comunicado, firmado por los sindicatos franceses del transporte por carretera –FNTR, TLF, CSD y Unostra–, recuerda la oposición de estos grupos “al nuevo impuesto medioambiental”. Además, los transportistas denuncian “de forma enérgica la incompatibilidad de esta tasa con la situación de crisis, las desigualdades territoriales creadas por el nuevo dispositivo y el irrealismo de los retrasos de su puesta en funcionamiento”.

Asimismo, los cuatro sindicatos se dirigen de forma directa al nuevo secretario de Estado de Transportes francés, Alain Vidalies, y le exigen “respuestas urgentes a nuestras demandas”. Del nuevo responsable, afirman que toma posesión del cargo “en una atmósfera explosiva”, haciendo referencia a la nueva ecotasa, al déficit de competitividad empresarial y a la competencia desleal.

Vidalies ha sido designado para esta secretaría en sustitución de Frédéric Cuvillier, quien se había ocupado de ella desde la primavera de 2012. Los transportistas franceses señalaron en su comunicado que Cuvillier mostró “un auténtico interés por el transporte en carretera y tuvo en consideración, en muchas ocasiones, la realidad y la dimensión de las dificultades empresariales”.

El anterior ejecutivo francés ya hizo un guiño a este sector durante el pasado mes de abril, con su intención de cargar el impuesto exclusivamente a los camiones extranjeros. En ese momento, el anuncio fue acogido con satisfacción por las mencionadas asociaciones empresariales francesas, a la vez que la patronal española CTEM consideró la tasa en cuestión ilegal y discriminatoria.