Gancho de derechas a la previsión social
No es que esperáramos mucho de la reforma fiscal, pero al menos se esperaba algo. El gran déficit que vive actualmente la Seguridad Social y el aluvión de nuevos pensionistas que se espera para los próximos años invitaba a pensar que, por fin, se tomaría alguna medida que impulsara el desarrollo de la previsión social. Pero una vez más la esperanza se ha convertido en decepción, no solo por las medidas recogidas en el anteproyecto de ley que modifica el IRPF, sino por las que se han quedado en el tintero.
La reforma más comentada que afecta a la previsión social ha sido el recorte del límite de aportación a planes de pensiones, que ahora se limita a 8.000 euros anuales. En vez de un análisis sobre qué nivel de aportaciones permitirían una prestación realmente complementaria a la prestación de la Seguridad Social, se ha utilizado como justificación que en otros países europeos los límites aún son menores. Este criterio, más bien excusa, es fácilmente rebatible ya que si la comparativa hubiese sido que el ahorro en planes de pensiones en España no llega al 10% del PIB mientras que en los países de la OCDE la media está en el 80% la conclusión, siguiendo el mismo razonamiento, habría sido que los límites deberían haberse aumentado.
Aunque no son más de 100.000 ciudadanos los que anualmente realizan aportaciones superiores a 8.000 euros, la medida no es acertada ya que va en contra de la estabilidad fiscal, requisito imprescindible para el éxito de los productos de ahorro a largo plazo. Además perjudica fundamentalmente a los mayores de cincuenta años que ven reducidos en 4.500 euros su aportación anual cuando se acercan a la jubilación y cuando las cargas familiares pueden permitirles ahorrar para la vejez. También dificulta a las empresas la eficiencia en la gestión de sus planes de empleo, ya que el límite de los 8.000 euros es conjunto para la suma de las aportaciones a planes individuales y a planes de empleo.
Como novedad se pone en marcha el plan de ahorro a largo plazo por el que quedan exentas las rentas generadas por un seguro de vida o por un depósito bancario siempre que cumplan las siguientes características: la aportación máxima anual de 5.000 euros, no se puede disponer del ahorro antes de cinco años para disfrutar de la ventaja fiscal y, por último, y aquí está lo que hará fracasar este nuevo instrumento, el plan debe garantizar al menos el 85% de las aportaciones realizadas.
Que el plan de ahorro a largo plazo tenga que garantizar al menos el 85% de las aportaciones implica que las inversiones gestionadas por bancos y aseguradoras deberán ser muy conservadoras, la rentabilidad esperada baja y, en consecuencia, la ventaja fiscal será prácticamente inexistente. Por ejemplo, para una aportación de 5.000 euros, en un escenario optimista, la ventaja fiscal ascendería a 164 euros.
Invertir 5.000 euros durante cinco años en un plan de ahorro a largo plazo para obtener una rebaja fiscal de 164 euros no augura un gran futuro a este nuevo plan, y en ningún caso compensará el daño al ahorro de las familias que tendrá la nueva medida que supone la eliminación de la exención fiscal para los primeros 1.500 euros percibidos anualmente como dividendos.
Son muchas las medidas que podrían haberse tomado para impulsar la previsión social. Entre ellas, bonificaciones en el impuesto de sociedades para las aportaciones que hagan las empresas para la jubilación de sus empleados. Un nuevo instrumento que de verdad fuera de ahorro a largo plazo, donde se beneficie fiscalmente el cobro de las prestaciones en forma de renta vitalicia, o la separación de los límites de aportación para los planes de pensiones individuales y los de empleo.
Sin embargo, los cambios propuestos en el sistema impositivo, que afectan a la previsión social, apuestan por el aumento de recaudación en vez de por su desarrollo. El cortoplacismo y las urgencias hará que los próximos años se financie el déficit de la Seguridad Social con el Fondo de Reserva que se acabará en unos cinco años. Después nos encontraremos con un déficit insostenible y sin haber sembrado medidas que palíen sus consecuencias.
Álvaro Monterde es director de previsión social de March JLT.