Tribuna

Gowex: ¿quién pagará los platos rotos?

En el caso Gowex confluyen varias características que una vez más alertan sobre la credibilidad del sistema de supervisión para salir a cotizar a la bolsa española.

El primer dato a tener en cuenta es que el delincuente ha confesado ante el juez (y pronto podrá ratificarse en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional). ¿Qué ha confesado? Que ha falseado las cuentas. ¿Qué no ha confesado? Cómo ha falseado las cuentas, cuál es el entramado societario, cómo hurtó los controles legales, desde cuándo venía falseando las cuentas, cómo engañó a los auditores en los años anteriores a la salida al MAB, quiénes más participaron en la estafa o fueron cómplices de la misma, quién más lo sabía, qué dificultad/facilidad tuvo para engañar al supervisor y sus asesores, quién puede haberse beneficiado de información privilegiada, etcétera.

La segunda, no menos importante, es que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotizaba Let’s Gowex, es un sistema multilateral de negociación (SMN) supervisado en primera instancia por otra sociedad cotizada en bolsa, que es Bolsas y Mercados Españoles (BME), y en segunda instancia por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BME es una sociedad solvente, con unos fondos propios de 400 millones de euros, y que pertenece a diversas sociedades rectoras de mercados y valores (Bolsas).

En este sentido, la Ley del Mercado de Valores establece que este tipo de entidades establecerán mecanismos y procedimientos eficaces para supervisar con regularidad el cumplimiento de sus normas (entre las que figura la transparencia) por parte de sus usuarios, así como las operaciones realizadas por estos de acuerdo con sus sistemas. El objetivo es detectar infracciones de dichas normas o anomalías en las condiciones de negociación o de actuación que puedan suponer un abuso de mercado.

La tercera característica de este caso es la existencia de un asesor registrado, una de cuyas principales funciones es verificar que la empresa es idónea para salir al MAB. Su figura está regulada en la Circular 10/2010 y también por la Guía de Buenas Prácticas de marzo de 2014. Con carácter general, corresponde a los asesores registrados comprobar que la compañía cumple con los requisitos para la incorporación al MAB, así como asistirla en la preparación del folleto, revisar la información continuada que la empresa debe remitir al MAB y, cuando aprecie un potencial incumplimiento relevante de sus obligaciones, comunicarlo al MAB.

Así las cosas, y ante una más que previsible insolvencia de don Jenaro García Martín –tristemente conocido CEO de Let’s Gowex– y la compañía auditora (por cierto, prácticamente desconocida y que ya había sido sancionada con inhabilitación por infracciones graves), si una persona está afectada, ¿cuáles son las vías que tiene para reclamar?

En primer lugar, si la inversión es indirecta, debe exigir del gestor del fondo de inversión el ejercicio de las acciones conducentes a la recuperación del patrimonio. De hecho, varios inversores profesionales e institucionales se están organizando ya para tener fuerza suficiente para intentar una solución extrajudicial. Si es una adquisición directa, tiene sentido comparecer en el procedimiento penal pero con el objetivo de verificar si las falsedades cometidas por Gowex son tan flagrantes como denuncia Gotham City Research. Así resultará más fácil fundar una posible acción por responsabilidad in vigilando del supervisor y del asesor registrado y sus compañías de seguros. Y ello sin perjuicio de la propia responsabilidad del asesor del inversor si ha mediado una recomendación personalizada.

Espero equivocarme y que, por una vez, la CNMV en ejercicio de sus facultades de supervisión de la SMN le obligue a indemnizar, o que las entidades afectadas y sus compañías de seguros hagan un frente común para ofrecer una compensación, en vez de arrojar a los ciudadanos, una vez más, al siempre costoso peregrinaje judicial.

Si no es así, los platos rotos los pagarán los de siempre: los inversores estafados y –no lo olvidemos– las empresas que legítimamente aspiraban a acudir al MAB a financiarse para crecer y crear empleo y ya no lo harán por la pérdida de confianza que ya está cundiendo entre los inversores dentro y fuera de nuestras fronteras.

Jordi Ruiz de Villa es socio de Litigación Bancaria de Jausas.