El promotor quiere terminar el establecimiento y crear empleo

El TSJA afirma que la licencia del hotel El Algarrobico es legal

Obras del hotel en El Algarrobico, Almería.
Obras del hotel en El Algarrobico, Almería.

La licencia municipal de obras concedida en 2003 al Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Así lo ha dictaminado la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que estima los recursos de Ayuntamiento de Carboneras y empresa promotora contra el fallo del juez de Almería, Jesús Rivera, que ordenó en 2008 la revisión de oficio de esa licencia al estimar que el hotel invadía el dominio público marítimo terrestre y se levantaba sobre suelo no urbanizable de especial protección.

La sentencia hecha pública este miércoles por el alto tribunal andaluz sostiene que la resolución de Rivera causa indefensión a las partes demandadas al no haber resuelto de “forma congruente y motivada” sus argumentos contra la revisión de oficio, ni la denuncia del Ayuntamiento de que las asociaciones ecologistas no habían aportado los documentos que exige la Ley para interponer demandas contencioso administrativas”.

Tras conocerse la sentencia, el subdirector general de Azata- empresa promotora del hotel-, José Rodríguez, ha indicado que supone una “gran responsabilidad” para la promotora y ha avanzado que la intención es, “si finalmente es posible jurídicamente”, terminar el inmueble y “crear empleo”.

Por su parte, el alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, ha indicado que el Ayuntamiento “va a luchar” para que la Junta de Andalucía y el Gobierno “no pongas trabas” al hotel y ha abogado por sentarse con todas las partes implicadas “para encontrar una salida satisfactoria en el menor tiempo posible”.

La plataforma 'Desmontando el Algarrobico', integrada por 25 organizaciones ecologistas, vecinales, culturales, ciudadanas y políticas, han acusado por su parte a la Junta de “ser la responsable” de la legalización del hotel y ha anunciado la interposición de una nueva querella “por presunta prevaricación” contra los magistrados, así como nuevas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, añade que varios grupos recurrirán de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional dicha sentencia y anuncia “el comienzo y continuación de una larga batalla de movilizaciones y recursos ante todas las instancias jurídicas posibles”. Una batalla que podría ir al Parlamento europeo.