El Gobierno cambiará la ley para que sea más fácil frenar un desahucio

Intento de desahucio a una familia en Madrid. EL PAÍS

Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, como hasta ahora podían hacer las entidades financieras cuando no se les daba la razón. El Gobierno se ha visto obligado a tomar esta medida para dar cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria. Así lo explicó hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su comparecencia en el Congreso.

El TJUE sentenció la pasada semana que la legislación Antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras las entidades financieras sí pueden recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.

En estas circunstancias, Guindos, ha avanzado que antes de que acabe el verano, previsiblemente en el Consejo de Ministros del 29 de agosto, se aprobará un decreto ley para modificar la Ley Concursal que incluirá el “ajuste procesal técnico” necesario para dar cumplimiento al fallo europeo. “Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiera desestimado su oposición a la ejecución hipotecaria. Con eso se dará pleno cumplimiento a la sentencia del tribunal de Luxemburgo”, ha insistido el ministro, recordando no obstante que más de 19.500 familias se han beneficiado de las medidas de protección de los afectados por las hipotecas puestas en marcha por el Ejecutivo.

En concreto, en virtud del Código de Buenas Prácticas se han practicado 6.500 reestructuraciones viables y también ha habido más de 2.100 daciones en pago. Por su parte, el Fondo Social de Vivienda ha adjudicado más de 900 viviendas y se han suspendido unos 10.000 lanzamientos gracias a la moratoria de dos años.

No es momento para la complacencia

Durante su intervención, el ministro ha subrayado en varias ocasiones que España está iniciando la recuperación y que ya ha recuperado la confianza y la credibilidad perdida con la crisis, aunque ha apostillado que “no es momento de la autocomplacencia ni de decaer en la intensidad de las reformas”. “Debemos acelerar las tasas de crecimiento para favorecer la recuperación y fomentar la creación de empleo. Hay que seguir con las reformas”, ha continuado el titular de Economía, resumiendo a renglón seguido las “principales” leyes que se aprobarán en el próximo periodo de sesiones.

En primer lugar, el citado decreto ley, que al margen de incorporar los cambios necesarios para cumplir con el fallo del TJUE tendrá como objetivo principal “completar la Ley de Reestructuración de la deuda empresarial”, actualmente en tramitación parlamentaria. De este modo, las nuevas mayorías necesarias para hacerse con una empresa se aplicarán no sólo a la fase preconcursal sino también a la concursal, con el objetivo de “mejorar la viabilidad de las entidades solventes”. Asimismo, se “facilitarán” las adjudicaciones de empresas en su conjunto y de unidades productivas libres de carga.

Mejor financiación

Además, se continuará trabajando por mejorar el acceso de las empresas --sobre todo las pymes-- a la financiación alternativa, de modo que reduzcan su dependencia de las entidades financieras. Para ello, se aprobará una Ley de Fomento de la financiación empresarial, en la que se regulará “por primera vez” el 'crowdfunding', de modo que los minoristas puedan invertir de forma segura en proyectos empresariales y que los inversores profesionales dispongan de un canal “mucho más flexible y desregulado”.

Asimismo, se obligará a los bancos a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación, se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir “movilizar carteras de crédito” para pymes, y se perfeccionará el régimen de emisiones, potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera. Como ya había avanzado el ministro con anterioridad, también se “mejorará el funcionamiento y la supervisión” del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

En concreto, las empresas que tengan una capitalización en el MAB de unos 500 millones de euros pasarán a cotizar en los mercados oficiales, de modo que tengan que cumplir con “mas requisitos de transparencia y control”. De este modo se intentarán evitar nuevos casos Gowex, si bien De Guindos no ha mencionado ningún caso concreto. Además, el supervisor Bolsas y Mercados Españoles (BME) tendrá mayores responsabilidades y se reforzarán y ampliarán los deberes de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de “cualquier infracción o mal funcionamiento” que se produzca. Por su parte, las sociedades emisoras de valores de un “tamaño importante” que actúen en mercados oficiales o alternativas se considerarán “entidades de interés público” y, por tanto, estarán auditadas por unas entidades “sujetas a las condiciones que se establezcan en la ley”.

También para mejorar el control, la modificación de la Ley de Auditorías, que se aprobará “en los próximos meses” para que entre en vigor en 2016 recogerá “objetivos más estrictos” para las auditorías de cuentas. El mismo texto reforzará el nivel de independencia de los auditores, delimitándose “claramente” qué servicios complementarios pueden prestar. En este sentido, se limitarán los honorarios que se pueden recibir por servicios distintos al de la auditoría, se restringirán las cantidades máximas de honorarios que se pueden percibir de una misma entidad y se establecerá una rotación externa obligatoria tras un periodo de entre ocho y diez años.

Otras leyes

De Guindos también ha avanzado que tras las vacaciones el Ministerio elevará al Consejo de Ministros la modificación de la Ley de Cooperativas de Crédito para “mejorar su gobierno corporativo y su régimen de aportaciones sociales” y también la Ley de Colegios y servicios profesionales, que “redundará en una mayor transparencia y una mejora de los costes de los colegiados, garantizando la calidad del servicio”. La reforma fiscal será otra de las grandes reformas del próximo periodo de sesiones, y según el titular de Economía permitirá “mejorar el tratamiento del ahorro, rebajará retenciones e impulsará la competitividad de las empresas con nuevos incentivos”. En este sentido, ha puesto como ejemplo que para un sueldo medio anual de 25.000 euros los cambios en el IRPF junto con la tarifa plana de cotizaciones a la Seguridad Social supondrá, por ejemplo, una reducción de la presión fiscal del 30%, lo que “facilitará la rentabilidad del factor trabajo”.

Normativa europea

La última gran norma económica de los próximos meses será la trasposición a la normativa española de la directiva comunitaria de Resolución de entidades de crédito y empresas de servicios, una de las patas de la unión bancaria y que ya se introdujo en el ordenamiento español en parte hace unos meses a través de un decreto ley.

Ahora, se continuará en esa línea para “garantizar que los contribuyentes europeos no paguen por futuras crisis bancarias”, adaptando toda la regulación relativa al sistema de absorción de pérdidas por parte de los acreedores, que “contribuirá a reducir el impacto de cualquier crisis bancaria sobre las finanzas publicas salvaguardando el interés de los depositantes”. También se determinarás obligaciones derivadas de la creación del fondo de resolución que en año y medio pasará a ser único para toda la Eurozona, y se incorporará la “correcta división del trabajo” entre el futuro supervisor único de la autoridad encargada de la resolución de entidades.