La Justicia europea pone en jaque el mercado hipotecario español
Sentencia a sentencia, los tribunales nacionales y europeo están poniendo en cuestión uno de los pilares básicos del mercado hipotecario español: la calidad de una garantía inmobiliaria basada tanto en el propio valor de la vivienda como en el patrimonio del comprador.
Ese compromiso casi ineludible de pago permitió a la banca española financiarse en condiciones muy ventajosas en los mercados internacionales y captar buena parte del ahorro excedente en Alemania y Francia. Pero tras el estallido de la burbuja y el inevitable aumento de la morosidad, los conflictos entre acreedor y deudor están acabando en los tribunales. Y los jueces concluyen una y otra vez que el sistema de ejecución hipotecaria en España deja demasiado desprotegido al cliente y concede ventajas excesivas a la entidad financiera.
La última andanada llegó el pasado jueves desde el Tribunal de la UE, con una sentencia que casi con toda seguridad obligará a flexibilizar las condiciones de la ejecución hipotecaria. “La experiencia muestra que en los países donde una grave crisis ha derivado en un impago o una condonación general, los activos bancarios se han deteriorado peligrosamente y la banca ha tenido después muy difícil recuperar la credibilidad ante sus propios acreedores”, alertan sazonado banquero.
A raíz de una sentencia dictada en marzo de 2013 por el mismo Tribunal de Justicia, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo que reformar la ley para reducir el automatismo de los procesos de desahucio en caso de pago y someterlos a una revisión judicial.
Los cambios aprobados solo dos meses después de aquel veredicto (en la Ley 1/2013) pretendían resolver la contradicción entre la legislación española y las directivas europeas sobre protección de los consumidores.
Nueva sacudida
Pero la calma ha durado poco. La semana pasada, el Tribunal con sede en Luxemburgo golpeó de nuevo. Y con más contundencia y rapidez, lo que denota el enfado de los jueces ante el incumplimiento de su fallo anterior Ahora, los jueces incluso consideran que esa norma incumple la Carta Europea sobre Derechos Fundamentales.
El nuevo veredicto, dictado en solo tres meses frente a la media habitual de dos o tres años, invalida la reforma de 2013 que, según los jueces, “coloca al consumidor, en su condición de deudor ejecutado, en una situación de inferioridad”.
La indefensión, según la sentencia, vendría derivada del hecho de que el cliente que invoca el carácter presuntamente abusivo de alguna cláusula del contrato hipotecario pierde sus posibilidades de recurso si en primera instancia ve rechazada su demanda. En cambio, si en esa instancia se le da la razón, la entidad financiera sí que puede impugnar la decisión.
La sentencia del pasado jueves, además, considera que “a pesar de las modificaciones que introdujo la Ley 1/2013” a raíz del veredicto anterior, la normativa española solo prevé una somera revisión judicial del potencial carácter abusivo del contrato, revisión que no es obligatoria sino meramente facultativa.
La sentencia puede paralizar algunos desahucios
La sentencia dictada por el Tribunal de la UE el pasado jueves responde a una consulta prejudicial cursada por la Audiencia Provincial de Castellón en relación con una ejecución hipotecaria a unos clientes del BBVA. El veredicto europeo reconoce el derecho de esos clientes a agotar las vías de recurso antes de que se ejecute el desahucio y no después, como prevé la legislación española. Ayer, a instancias de Podemos, la mayoría de los eurodiputados españoles (a excepción de los del PP y UPyD) se dirigieron por escrito al presidente del Gobierno para que acate cuanto antes la sentencia y adopte “las medidas necesarias para asegurar la adecuación inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso al Derecho europeo”.El despacho de abogados Navas & Cusí aseguró por su parte que presentará una queja contra España ante la Comisión Europea, a la que instará a que solicite la suspensión cautelar de las subastas hipotecarias. Fuentes europeas aseguran que, de facto, el fallo permite ya que los tribunales españoles paralicen todos los desahucios que se encuentren en condiciones similares al de Juan Carlos Morcillo y María del Carmen Abril, los dos hipotecados que recurrieron contra el BBVA.El Gobierno, además, parece abocado a plantear una segunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para corregir los defectos que el Tribunal europeo ha apreciado en la llevada a cabo en 2013.