El país al borde de la suspensión de pagos

La tragedia de la deuda argentina en cinco actos

El país podría volver a entrar en suspensión de pagos, 13 años después del ‘corralito’

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Argentina camina al filo del abismo. Un juez neoyorquino obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a varios fondos buitre, propietarios de bonos argentinos emitidos antes de 2001, cuando el Gobierno anunció la suspensión de pagos. Por aquel entonces, una deuda de 155.000 millones de dólares, abrumaba sus cuentas públicas. El 60% estaba en manos extranjeras. Tras dos acuerdos con los acreedores, en 2005 y 2010, Argentina firmó la paz con más del 90% de los propietarios de sus bonos (incluidos el FMI, la mayoría de los países de la OCDE y decenas de bancos y aseguradoras). Ahora, ese castillo de acuerdos, quitas, y refinanciaciones podría venirse abajo si las partes no alcanzan un acuerdo antes del jueves.

Acto 1. La suspensión de pagos

La Nochebuena de 2001 nunca se olvidará en Argentina. El país acaparó la atención de todo el mundo después de que el presidente Adolfo Rodríguez Saa (el tercero de los cinco presidente que ejercieron en 13 meses) anunciara que el país dejaría de cumplir con sus acreedores. La suspensión de pagos fue el colofón a un endeudamiento desaforado por parte de la Administración central y de las provincias, una enfermedad que fue tratada por el FMI con más crédito.

La deuda que las Administraciones públicas mantenían con la banca y sus constantes impagos habían minado la confianza hacia el sistema financiero, lo que se tradujo en la retirada masiva de depósitos. Para evitar la desbandada, el presidente Fernando De la Rua limitó los movimientos de efectivo. El ‘corralito’ no se levantó hasta diciembre de 2002.

Acto 2. La reestructuración de la deuda

El ‘corralito’ y la suspensión de pagos dañaron la actividad económica del país. El PIB sufrió en 2002 una debacle del 13%. Tras la llegada al poder de Néstor Kirchner, en 2003, una de sus prioridades fue llegar a un acuerdo con los acreedores de los bonos. Dos años después de su aterrizaje en la Casa Rosada, Kirchner anunció que se había alcanzado un pacto por el que debía considerarse “íntegramente reestructurada la deuda argentina”. El acuerdo fue aceptado por el 80% de los acreedores, que se conformaron con cobrar el 30% de lo que se les debía. Fallecido Néstor Kirchner y sustituido por su mujer, Cristina Fernández, el país completó la reestructuración de la deuda. En 2010, habían logrado que los propietarios del 92,4% de sus bonos aceptaran el canje.

Acto 3. Los irreductibles fondos buitre

Con lo que no contaba el Gobierno argentino es con los fondos buitre. Mientras los Kirchner se mostraban triunfantes tras haber zanjado la mayoría de las posibles reclamaciones judiciales, en un varios despachos de Nueva York se fraguaba un movimiento que podría echar por tierra años de componendas.

Los fondos de capital riesgo especializados en la compra de activos tóxicos comenzaron a perfilar la jugada: compraron los bonos de aquellos acreedores más necesitados y que estuvieran dispuestos a sufrir fuertes quitas, a cambio de cobrar pronto. Una vez en su poder, iniciaron una guerra judicial sin cuartel para que el país sudamericano pagase el 100% del nominal de la deuda. A la cabeza de la estrategia estaba el magnate Paul Elliot Signer, que invirtió 49 millones de dólares en bonos argentinos y, ahora, tras desplegar toda su artillería legal, esa deuda vale 832 millones.

Acto 4. La Justicia, con los fondos

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló en noviembre de 2012 a favor de los fondos buitre. La sentencia obliga a Argentina a pagar el 100% de la deuda que mantiene con los bonistas que no aceptaron las quitas propuestas por los Kirchner. Argentina apeló al Supremo, pero el Tribunal rechazó la petición.

Acto 5. Hacia otro impago

El juez Griesa indicó en su sentencia que Argentina debía pagar a los demandantes “al mismo tiempo o antes de que cobren los tenedores de bonos reestructurados”. Argentina ha intentado pagar el próximo vencimiento con los deudores que sí aceptaron la quita. El país ha consignado 539 millones en un banco de Nueva York, pero Griesa bloqueó el pago. Argentina deberá pagar los 1.330 millones a los demandantes (más 170 millones de intreses) para poder desbloquear los 539 millones. Si no lo hace entrará en impago.

En caso de que pague a los fondos buitre, el riesgo estaría en que los bonistas que aceptaron las quitas podrían exigir el pago total de la deuda, apoyados en una cláusula que se incluyó en los acuerdos de 2005 y 2010, y que prohibe pagar más a los bonistas que no entraron en los acuerdos. Si esa cláusula se generlizase y todos reclamaran el 100% de los bonos más los intereses de demora, la deuda argetina se podría disparar hasta los 500.000 millones, según cálculos del Gobierno, una cantidad impagable para el país. Esta posibilidad no es remota, ya que el propio Griesa ha admitido que ya se han presentado cinco peticiones y varios representantes de bonistas europeos han manifestado que si los fondos buitres consiguen cobrar todo lo que se les adeuda, sus clientes pedirán lo mismo.

Última posibilidad para evitar el desastre

Una delegación del ministerio de Economía de Argentina viajó ayer a Nueva York para neogociar con los fondos de capital riesgo. Hoy habrá una reunión con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez neoyorquino Thomas Griesa, “para tratar de establecer condiciones de negociación justas y equitativas”.

“La delegación argentina participará del diálogo que mantiene el país en virtud del fallo del juez Griesa para que se establezcan condiciones de negociación justas y equitativas para el cien por cien de los bonistas”, explicó ayer un alto caro del ministerio.

La delegación argentina argumenta que el país no puede entrar en suspensión de pagos porque ya ha consignado 539 millones de dólares en un banco neoyorkino, para hacer frente a un compromiso de pago con deudores que aceptaron en su día las quitas. Sin embargo, Griesa bloqueó ese pago, al entender que deben cobrar primero los fondos.