ACS presenta la renuncia al almacén de gas tras recibir el permiso de sus bonistas

La indemnización por Castor será de 1.380 millones

Industria debe dictar una resolución con los términos de entrega de la planta

También debe fijar la indemnización según el valor contable

Plataforma del almacén de gas Castor.
Plataforma del almacén de gas Castor.

Escal UGS, sociedad participada por ACS, con un 66,7% y la canadiense UGS, con el 33,3% restante, presentó el viernes la tarde ante el Ministerio de Industria un escrito de renuncia de la concesión de explotación del almacén de gas Castor, cuya actividad había sido suspendida por este ministerio el pasado octubre tras los seísmos ocurridos en las costas de Castellón cuando se procedía a la primera inyección de gas. El 25 de junio, Escal ya anunció su intención de renunciar, si bien, esta decisión debía ser sometida a la autorización de sus bonistas, para lo cual, se dio de plazo hasta finales de julio.

Pero el permiso de los acreedores de Castor ha llegado antes de lo previsto y la decisión está ahora en el tejado del Gobierno, que podría comunicar su aceptación en septiembre. El principal bonista de Castor es el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con 300 millones de euros sobre una deuda total de 1.400 millones. Además, la entidad tiene avalados otros 200 millones.

La auditoría de costes de Castor reconocía una inversión superior a los 1.400 millones de euros, sin embargo, el valor neto contable de la instalación según el artículo 14 de la orden ministerial de peajes 3995/2006 de 29 de diciembre, a la que se ha acogido la sociedad para renunciar a la explotación del almacén, es de 1.380 millones de euros (menor que aquella cantidad por las amortizaciones). Esta sería la indemnización a recibir por Castor que incluye, además del citado valor neto, otros gastos menores por permisos, licencias o intereses ya capitalizados. A este importe habría que añadir los costes operativos y de mantenimiento que corresponden a la planta por haber estado funcionando de forma provisional.

Según fuentes empresariales, ahora Industria debe dictar una resolución “donde se concreten los términos de la entrega de la instalación y se fije el importe de la indemnización”. Otras fuentes cercanas al departamento que dirige José Manuel Soria aseguran que el Gobierno pediría un préstamo para saldar los 1.380 millones de euros, que pagarían los consumidores de forma aplazada en la factura del gas.

La orden antes citada, que fue modificada en 2012, incluye una disposición ad hoc por la que se reconocía al operador del sistema, Enagás, el coste de sus proyectos fallidos por razones geológicas de cinco años anteriores. Una docena de proyectos por los que el sistema ha tenido que asumir el pago de varias decenas de millones de euros.

Escal ha optado por la renuncia una vez que el ministerio reconoció no estar dispuesto a levantar la suspensión de la actividad hasta no tener el informe de los expertos que podría tardar “varios años”, según declaró el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Una planta excluida expresamente de la reforma del gas

La reforma del sector del gas que aprobó el  Gobierno hace dos semanas  excluye expresamente e almacén subterráneo de gas Castor, lo que da idea de que el Ministerio de Industria ya no cuenta en el futuro con esta instalación.

Aunque el Gobierno no ha querido informar de esta exclusión y ha pasado de puntillas sobre el asunto, la cuestión queda clara en uno de los puntos del el anexo XI del real decreto ley  de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En él se establece que el nuevo modelo retributivo “no será de aplicación al almacenamiento subterráneo al que se refiere el RD 855/2008”. Esto es, Castor.