Bruselas acusa a la Comunidad Valenciana de manipular las cifras de déficit y deuda
La Comisión Europea ha abierto hoy una investigación sin precedentes sobre las estadísticas de la Comunidad Valenciana. Bruselas acusa a la Generalidad de haber manipulado sistemáticamente y a lo largo de muchos años los datos de déficit y deuda, lo que habría repercutido en las cifras oficiales notificadas por España a la CE en el marco de la aplicación del Pacto de Estabilidad. Si la Comisión confirma sus sospechas, podría imponer una sanción millonaria. La Comisión asegura que la actuación de las autoridades nacionales no está en cuestión, pero el daño a la reputación nacional podría ser considerable si Bruselas confirma sus sospechas.
La investigación se puso en marcha en 2012, a raíz de que las autoridades estadísticas españolas detectaran un fallo en los datos del ejercicio anterior, que obligó a revisar al alza en cuatro décimas el déficit de España. Eurostat, la oficina de estadísticas europea, envió inmediatamente una inspección a las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, de donde parecía proceder la correción.
La Comunidad de Madrid pudo justificar que en su caso se trataba de un ajuste excepcional. Pero en Valencia, según la CE, "el asunto dio motivos de preocupación".
Tras dos años de pesquisas, la CE ha acusado hoy a la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV) de "enviar sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años".
Las anomalías afectan "a considerables gastos sanitarios" y al incumplimiento del principio de devengo previsto en los reglamentos sobre estadísticas. Además, según Bruselas, la Generalidad "hizo caso omiso de los informes del Tribunal de cuentas autonómico y de las observaciones de la Consjería de Sanidad de la Comunidad, que habían identificado estos problemas".
Primera vez
Con la investigación a Valencia, la Comisión Europea estrena sus nuevos poderes de supervisión sobre las estadísticas nacionales. Bruselas reclamó esa potestad tras el fiasco de las cuentas públicas en Grecia, que se trucaron durante años sin que la Comisión Europea pudiera inspeccionar en Atenas. Desde 2011, la CE puede investigar in situ e incluso imponer sanciones de hasta el 0,2% del PIB nacional si detecta "noficiaciones erróneas deliberadas" o "negligencia grave". En el caso de España, si se confirman los cargos contra Valencia, la sanción podría ascender a 2.000 millones de euros, además de suponer una revisión, previsiblemente al alza, de unos datos de déficit y deuda que ya incumplen con creces los límites previstos en el Pacto de Estabilidad.