Un estímulo a la actividad

El Congreso de los Diputados convalidó ayer una reducción de las retenciones fiscales a los autónomos con ingresos inferiores a 15.000 euros. La norma, que rebaja del 21% al 15% el tipo de la retención, da respuesta a una vieja y razonable reivindicación por parte de este colectivo, duramente castigado por los problemas de liquidez que ha producido la crisis. Un total de 325.000 autónomos se verán beneficiados por la medida, que tendrá un coste transitorio para las arcas públicas de 118 millones de euros. Una transitoriedad que se explica porque la rebaja se refiere únicamente al tipo de la retención, no al montante de la factura que el contribuyente abona a Hacienda en el momento de liquidar impuesto. Ello hace que la carga recaudatoria de la medida sea nula y que esta tenga solo un impacto financiero para el Estado. Su efecto sobre la liquidez de los autónomos será, sin embargo, considerable. Miles de profesionales y pequeños empresarios se han visto asfixiados –cuando no abocados al cierre– por problemas de liquidez derivados de la morosidad y la falta de crédito, a los que han debido sumar un elevado tipo de retención tributaria. Rebajar esa obligación fiscal supone una medida efectiva de estímulo a la actividad, algo que necesitan las empresas, pero también el conjunto de la economía.