Nuclenor teme el fin de la legislatura sin una solución para Garoña
Se calcula que la central deberá abordar 200 millones de inversión. Endesa e Iberdrola, que comparten Nuclenor, piden 60 años para la central
El domingo día 6 de julio terminaba el plazo para que Nuclenor, sociedad que comparten al 50% Endesa e Iberdrola, solicitara la recuperación de la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, clausurada con carácter definitivo hace un año. En esta ocasión, las eléctricas se dieron prisa y tramitaron el permiso a principios de junio para evitar lo ocurrido el año pasado, cuando un fallo administrativo del Ministerio de Industria hizo que se agotara el plazo que hubiese evitado la clausura definitiva.
El Gobierno subsanó “la chapuza”, como la califican fuentes empresariales, con un real decreto que permitía la recuperación de la licencia siempre que esta se hubiese denegado por razones económicas y no de seguridad. Pero el decreto no se aprobó hasta el pasado febrero y las dos grandes eléctricas debían dar una respuesta positiva, algo que hicieron hace un mes. En esta ocasión, han pedido la autorización para que la central burgalesa pueda funcionar hasta 2032, año en que cumplirá los 60.
Industria remitió la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos técnicos deberán evaluar ahora la situación de la planta y, en su caso, elaborar una lista de los requisitos necesarios para autorizar su puesta en funcionamiento con todas las garantías. Este proceso no durará menos de un año, según fuentes del sector, un plazo muy justo teniendo en cuenta que en 2015 se celebran elecciones generales. De hecho, las propietarias de Garoña y sus defensores temen que un hipotético adelanto de los comicios y un cambio de Gobierno pondrían en peligro la reapertura de Garoña, que hoy estaría asegurada gracias a la posición pronuclear del Gobierno de Mariano Rajoy y de los responsables de Industria.
Todo ello siempre que el CSN determine que es apta para seguir funcionando y que las eléctricas acepten las inversiones que les exijan.
En 2009, cuando cumplió 40 años de funcionamiento, el Gobierno de Rodríguez Zapatero fijó para julio de 2012 el cierre de Garoña y no para 2019 como pidió Nuclenor. Por tanto, dejó la decisión final al Gobierno del PP que puso en marcha la maquinaria para mantenerla con vida. Sin embargo, las eléctricas la pararon en diciembre de ese año para evitar pagar los nuevos impuestos energéticos que entraron en vigor en enero de 2013.
Garoña lleva, por tanto, un gran retraso en su puesta a punto: entre 2009 y 2012 porque al tener fecha de caducidad no se le exigieron las inversiones que al resto (por ejemplo, el cambio de todo su cableado) y después porque ha estado cerrada voluntariamente y clausurada por obligación.
Se calcula que el CSN le exigirá a la central adaptaciones que le supondrán unos 200 millones de euros. Y es que Garoña no ha acometido las inversiones que se imponen a las centrales europea tras la catástrofe de Fukushima; necesita una revisión de su vasija, idéntica a la de la central belga de Döel 3, su gemela, que está parada, y la Confederación Hidrográfica del Ebro le exige una nueva torre de refrigeración para evitar el calentamiento del agua del río. En general, debe adaptarse a lo establecido en la normativa regulatoria y de seguridad que ha sido aprobada desde que se decidiese su cierre.
El pleno decide la semana que viene la vida útil
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se celebra el próximo miércoles debatirá si a Garoña de le darán 10 años más de vida útil (hasta 2019, pues la última renovación del permiso es de 2009) o, tal como exige Nuclenor, se le amplía hasta 2032, cuando cumplirá los 60 años.
En estos momentos, y después de que el Gobierno socialista renunciara a su intención de establecer por ley una vida útil de 40 años para todo el parque nuclear, no existe más límite que el de la seguridad que debe determinar el CSN. Por tanto, a Garoña se le podría ampliar la licencia hasta 2019 prorrogable por otros 10 años. Pero las eléctricas quieren que se les garantice como algo legal que el parque disfrutará de 60 años.
Porque, aunque cualquier Gobierno puede cambiar las leyes, en este caso, hacerlo supondrá abrir de nuevo el debate nuclear. Es lo que ocurrió cuando Rodríguez Zapatero, que había prometido el cierre de Garoña, optó por una vía intermedia que ha degenerado en una rocambolesca situación. Así, no la cerró al cumplir los 40 (en 2009), pero tampoco le renovó el permiso por 10 años como era lo habitual, sino que decretó su cierre para tres años después (2012). Un cierre fácil de anular por el siguiente Gobierno ya que se tramitó mediante una simple orden ministerial.
El capítulo siguiente ha sido el del pulso entre Endesa e Iberdrola que han utilizado a Garoña como moneda de cambio contra un Gobierno pronuclear que ha hecho lo imposible por allanar el camino para su apertura. Las compañías pidieron en su día una modificación del nuevo impuesto de residuos raiactivos (y lo consiguieron) y ahora piden 60 años para todo el parque español.
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