Editorial

La otra factura de Castor

El procedimiento de renuncia de Escal a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor sigue su curso de tramitación, tras la petición que la sociedad remitió el martes a sus bonistas para que estos autorizasen la retirada. ACS y la canadiense UGS, partícipes de Escal, han comunicado ya al Ministerio de Industria su intención de abandonar el proyecto, pese que todavía deberán esperar a recibir la autorización de sus inversores para que la renuncia pueda formalizarse. Entre los bonistas de Escal, que tienen hasta el 31 de julio para tomar la decisión, destaca el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con algo más de 300 millones de euros sobre un total de inversión de alrededor de 1.400 millones.

La renuncia de Escal a Castor no constituye un acto jurídicamente inédito ni rompe con los términos que regulan la concesión, sino que se trata de un derecho que concede el real decreto que establece el marco legal de la actividad. Sin embargo, desde fuentes conocedoras del proceso se apunta a que ha sido el propio Ministerio de Industria quien ha instado a la sociedad a solicitar la renuncia, tanto por motivos de seguridad como por el excesivo coste que la concesión puede suponer para el sistema. Hay que recordar que el Gobierno ordenó paralizar la actividad de la instalación el pasado otoño, tras haberse detectado una serie de seísmos en la costa de Castellón como consecuencia del llenado de la planta con la inyección del gas colchón. Fue entonces cuando Industria decidió encargar estudios para determinar el riesgo de la instalación.

A esa decisión prudencial de seguridad hay que añadir otra económica. El marco legal de la concesión establece que una vez elaborada la auditoría de costes, que certificó una inversión por encima de los 1.400 millones de euros, el ministerio está obligado a retribuir la inversión de Castor provisionalmente, en tanto se incorpora definitivamente al sistema. No es la única carga para las arcas del Estado, dado que este también debe sufragar los costes de mantenimiento de la planta y soportar el coste financiero de un proyecto cuyo futuro es, cuanto menos, incierto.

Todos estos elementos explican la decisión del hoy, pero revelan al tiempo una preocupante falta de previsión y estrategia del ayer. Tanto los problemas de seguridad como el elevado lastre financiero que Castor podía suponer para las arcas públicas deberían haberse estudiado, debatido y evaluado convenientemente antes de tomar la decisión de acometer este proyecto. El no haberlo hecho en su momento tiene unas consecuencias económicas que, previsiblemente, serán repercutidas en la factura del gas. Ello supone que serán los contribuyentes quienes pagarán, una vez más, una decisión pública precipitada o, al menos, no lo suficientemente meditada.