Una alianza del sector público y el privado
El Gobierno ha publicado la lista de las 80 agencias privadas de colocación que podrán ser subcontratadas por las comunidades autónomas para realizar servicios de intermediación laboral, esto es, poner en contacto oferta y demanda con el fin de buscar un puesto de trabajo a los parados incritos en los servicios públicos de empleo. Esta colaboración público-privada se desarrolla en el marco de un acuerdo marco suscrito por la mayor parte de los gobiernos regionales, a excepción de los de Andalucía, Cataluña y el País Vasco. A falta de que se verifiquen los pliegos de contratación de las entidades, los servicios de intermediación laboral de las comunidades autónomas comenzarán a ser prestados, por primera vez, por empresas del sector privado.
La reforma laboral autorizó en 2012 a las regiones a colaborar con las agencias privadas de empleo para llevar a cabo esta tarea. La flagrante ineficiencia de los servicios públicos en este ámbito –apenas intervienen en el 2% de las colocaciones registradas– llevó al Gobierno a autorizar un modelo que constituye una novedad en la legislación española, pero no fuera de ella. La referencia más inmediata es la experiencia de Alemania, donde desde 1994 la mediación en este ámbito ya no pertenece en exclusiva al Instituto Federal del Trabajo, lo que ha puesto de relieve los beneficios que puede traer una colaboración público-privada fluída y eficiente. Ello resulta especialmente evidente en una tarea como la de conjugar oferta y demanda, en la que las rigideces estructurales que arrastra el sector público impiden gestionar una y otra variable con la necesaria rapidez y flexibilidad.
Las agencias cobrarán una tarifa por cada colocación que consigan con un contrato de al menos seis meses a tiempo completo en un período de ocho meses –que se eleva a un año si el contrato es fijo discontinuo–, una cantidad que se reducirá si la colocación es a tiempo parcial. La cuantía oscilará entre los 300 y los 3.000 euros en función del perfil del trabajador empleado, además de otros posibles complementos. A ello hay que sumar la posibilidad de que las entidades cobren hasta un 15% de la tarifa prevista por inserción si resuelven irregularidades que supongan una sanción al parado –esto es, conductas fraudulentas–, una cantidad que cobrarán aunque la colocación no se logre.
La medida, que ha sido muy criticada por sindicatos y oposición, constituye un intento perfectamente legítimo de frenar la elevada tasa de fraude que existe en el cobro de prestaciones por desempleo. Pero también hace obligado que la Administración supervise con las necesarias garantías una tarea que puede traer como consecuencia la pérdida de prestaciones públicas. El reto está en que la tutela sea no solo efectiva, sino también lo suficientemente ágil como para no entorpecer el propio proceso de colocación.