Sus diferencias internas traspasan la frontera de la institución

Los efectos colaterales de Caja Rural de Extremadura

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (d), durante la rueda de prensa en la que presenta a Clemente Checa (c) como nuevo consejero de Administraciones Públicas y María de los Ángeles Muñoz (i), que se hará cargo de la nueva Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. EFE Jero Morales
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (d), durante la rueda de prensa en la que presenta a Clemente Checa (c) como nuevo consejero de Administraciones Públicas y María de los Ángeles Muñoz (i), que se hará cargo de la nueva Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. EFE/ Jero Morales EFE

La historia se repite, en este caso en las cajas rurales. Los acontecimientos no son nuevos, aunque no por ello dejan de sorprender, más en estos momentos en los que el Gobierno central, el Banco de España y el propio Banco Central Europeo (BCE) están pendientes no solo de la solvencia de cualquier entidad financiera. También de su transparencia y de su gobernanza, algo tan importante que ha sido el fin del modelo de las cajas de ahorros.

De momento, Economía en colaboración con el Banco de España tiene sobre la mesa un borrador para reformar el modelo de las cooperativas de crédito, entre las que se encuentran las cajas rurales. Inicialmente, la intención del Gobierno era bancarizar todo el sector, previos procesos de fusiones. Ahora, dependerá del tamaño para que una rural pueda o no mantener su actual estructura. Al final, es lo mismo que ocurrió con el modelo de las cajas de ahorros. Solo dos, las más pequeñas del sector, Caixa Pollensa y Caixa Ontiyent, han sido las únicas que sobreviven.

Pero, mientras el Gobierno ultima la nueva regulación sobre las cooperativas de crédito, una de estas instituciones, Caja Rural de Extremadura ha convertido su gestión en un auténtico serial que, de seguir así, puede terminar en novela financiera, pese a que es una de las entidades más pequeñas del sistema financiero español. Un ejemplo de lo que puede pasar en este sector y del que están pendientes Economía y el Banco de España, e incluso los partidos políticos.

El detonante de este serial tiene su origen en el proyecto de fusión de Caja Rural de Extremadura con otras entidades de fuera de esta comunidad autónoma. Su intención de pasar la barrera autonómica provocó que el presidente de la Junta, José Antonio Monago, aprobase una norma regional para controlar las fusiones del sector en Extremadura.

Rural de Extremadura se había integrado en un SIP o fusión virtual con su homóloga Caja Rural del Sur, pero el hecho de que esta firma planease una fusión directa con la institución extremeña derivó en su salida de este proyecto. Poco después, intentó una unión con la Rural de Almendralejo, para constituir un proyecto que podría contar con las bendiciones de Monago.

El problema es que este proyecto sería liderado por la Almendralejo, más pequeña que la de Extremadura, pero más solvente, afirman fuentes financieras.

Bajo estos mimbres la fusión entre Rural de Extremadura y Almendralejo se evapora. Entonces, parte de la directiva de esta entidad intenta un acercamiento a Cajamar, según explican otras fuentes de la firma extremeña, información que no es confirmada por la firma almeriense. Este amago (no pudo llegar a más), junto a su unión virtual con Caja Rural del Sur derivó, según fuentes de la entidad, políticas y sindicales en la aprobación por parte de Monago de una norma por la que las operaciones de fusión, escisión y transformación, así como las de integración en un grupo cooperativo que afecten a cooperativas de crédito en el ámbito extremeño, se someterán a la autorización del consejo de Gobierno de Extremadura, previo informe del Banco de España. La norma se aprobó el 20 pasado de mayo.

El 5 de junio el consejo rector de la entidad recibió la renuncia por escrito de Benito Román como presidente de la caja, en un enfrentamiento con el director general, José Manuel Gómez Piélago. Y por si fuera poco, unos días antes su comité de empresa, formado por representantes de CC OO y UGT, también dimitió en bloque por diferencias con la dirección. Estas desavenencias, además, se han extendido al Gobierno extremeño. El martes pasado, dimitió de su cargo, el hasta entonces consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández.

La causa de su salida está relacionada, según apuntan varias fuentes y recogen los medios informativos locales, con la retirada de entres sus competencias de la tutela de la asamblea general de la rural extremeña y su atribución a la Consejería de Administración Pública.

El próximo 28 de junio la entidad celebrará una asamblea que puede ser decisiva.

Monago, mientras, ha rechazado en todo momento las críticas socialistas sobre la “injerencia” que a su juicio practica el presidente extremeño en esta institución financiera.

Solvencia, transparencia y gobernanza

La nueva regulación de las cajas rurales no solo tiene como objetivo mejorar la solvencia de estas entidades o por lo menos que puedan acudir sin trabas a los mercados para capitlizarse. El Gobierno en general, y Economía en particular, pretende acabar de una vez por todas con la posible falta de transparencia de todas las entidades financieras españolas. “Primero fueron las cajas de ahorros y ahora les toca a las cooperativas de crédito”, señalaba ayer una destacada fuente financiera del sector. Su objetivo no es solo nacional. El Banco Central Europeo (BCE) también tiene entre sus retos vigilar la transparencia y gobernanza de todo el sistema financiero europeo, pese a que una parte aún importante de entidades no tengan que pasar por la supervisión de la nueva autoridad supervisora europea. Este fue, de hecho, uno de los mensajes que lanzó el pasado miércoles en Madrid, Ignazio Angeloni, miembro del consejo supervisor del BCE. Prácticamente, todas las cooperativas de crédito, salvo el Grupo Cajamar, quedarán bajo la tutela del Banco de España, al no llegar individualmente a los 30.000 millones de euros de activos. Pese a ello, el BCE ya ha anunciado que colaborará con los bancos centrales locales para observar a las entidades que quedan descolgadas de la supervisión única europea por su pequeño tamaño. Economía y el Banco de España han transmitido ya a las cooperativas de crédito que dentro de la nueva regulación que tienen previsto aprobar en los próximos meses (incluso puede que menos) se encuentra el de reforzar la gobernanza de estas instituciones con la imposición de consejeros independientes, entre otros cambios.