¿Es ilegal usar coches de Uber, Cabify o Blablacar?

Un usuario utilizando la aplicación de Uber.Reuters

Las buenas noticias financieras en torno a Uber –la compañía acaba de cerrar una ronda de financiación de 1.200 millones de dólares, que valoran la firma en 18.000 millones (lo mismo que Hertz y Avis juntas)– han quedado emponzoñadas. Su servicio, que permite solicitar vehículos de transporte en la ciudad desde el móvil, ha llevado a los taxistas de Madrid a convocar una huelga para este miércoles de 24 horas y ha provocado la irrupción del Ministerio de Fomento en la polémica sobre el conflicto entre este gremio y las nuevas empresas que ponen en contacto a particulares para compartir vehículos.

El gobierno español recordó este lunes que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración. Fomento advirtió, además, que las personas o empresas que realicen estos servicios sin la citada autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multas de hasta 6.000 euros (18.000 en caso de reincidencia) y que los usuarios que contraten esos servicios se enfrentan a multas de hasta 600 euros.

Hoy, el Ministerio matizó su mensaje y apuntó que en el caso de que un servicio de coche compartido se realice en el ámbito de lo privado no requerirá de ninguna autorización administrativa de transporte y no se enfrentará a sanción alguna. “Hay que distinguir entre servicios públicos profesionales y un servicio privado. Esa es la clave, y eso es lo que han de comprobar los servicios de inspección”, dijo Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre de Fomento.

La defensa de los servicios de internet

La plataforma para compartir coche Blablacar es la que lleva más años activa y tampoco ha escapado a las críticas de algunos sectores, como el de los autobuses. La compañía colgó ayer una nota en su web en la que recordaba que sus usuarios “solo comparten gastos de viaje” y que, ni sus usuarios ni la propia plataforma “se dedican al transporte de viajeros por cuenta ajena”. La firma defendió así su legalidad y explicó que en 2011 firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria con el fin de “fomentar las buenas prácticas del coche compartido” y, así, “contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y la eficiencia energética”. La compañía destacó que en Blablacar “no hay ánimo de lucro y puedes encontrar en nuestra web cómo se calcula el precio para la compartición de gastos”. Igualmente, añadió que en disponen de indicaciones para ajustar el gasto del viaje por cada pasajero y que el precio “no puede exceder el techo impuesto por Blablacar para asegurar que los costes son bien distribuidos y que el conductor no tenga beneficio”.

Desde Cabify, una compañía creada por Adeyemi Ajao, cofundador de Tuenti, defendieron que su servicio para traslados mediante coche con chófer en varias ciudades españolas opera a través de licencias VTC (Vehículos de Transportes con Conductor). “Es un servicio reglamentado y acorde con la legalidad vigente”. Ante la controversia existente en el sector del transporte público en España, la firma aclaró que no se dedica al ridesharing o consumo colaborativo, pero tampoco “estamos en contra de este concepto siempre y cuando se regule”.

“Somos una start-up que, mediante una aplicación móvil, permite la contratación de vehículos de gama alta con chóferes privados (no particulares) y, desde hace poco, contamos con la colaboración de taxis convencionales entre nuestros servicios”, subrayó Cabify.

Al final, parece que todos los dardos apuntan a Uber, que cobra una comisión del 20% por trayecto, quien especifica en los términos legales de su aplicación que es “responsabilidad de sus usuarios cumplir las leyes del país, Estado o ciudad donde se están utilizando sus servicios”. La multinacional estadounidense, en marcha desde 2009, añade que tanto los que prestan el servicio como los usuarios no pueden tener propósito comercial y se deben restringir al ámbito personal. Uber opera actualmente en más de 70 ciudades en 36 países.

“Si lo que comprobamos es que se está realizando una actividad profesional sin tener la autorización necesaria, se actuará en consecuencia como con cualquier tipo de servicio”, insistió. Igualmente, y respecto a las intermediaciones en el servicio, Del Moral ha añadido que “la intermediación también está regulada”, por lo que deberá cumplir del mismo modo con la normativa vigente.

La postura del departamento que dirige Ana Pastor fue rápidamente criticada por la comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, quien aseguró hoy que “Uber no es el enemigo de los taxistas”. Un gremio que acusa de “intrusismo” y “competencia desleal” a estas empresas de servicios de transporte. “Las huelgas no solucionan nada; es necesario dialogar. Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje. Es el momento para que los taxis, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar”, insistió Kroes, que ya se manifestó en este sentido cuando un tribunal de Bruselas prohibió en abril que Uber opere en la capital belga.

Impuestos y normas

La comisaria subrayó que “nadie dice que los conductores de Uber no deban pagar impuestos y seguir las normas y proteger a consumidores, pero prohibir Uber no les da la oportunidad de poder hacer las cosas bien”, explicó. Preguntado sobre las multas que las autoridades españolas han anunciado que aplicarán a los usuarios de los coches de Uber y otras plataformas similares, Ryan Heath, portavoz de Kroes, indicó en rueda de prensa que sería importante preguntarse “si se va a resolver algo multando a gente que además seguramente acaba siendo turista del país”.

El parón convocado para este miércoles por la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional del Taxi, las dos asociaciones mayoritarias del sector en la capital, se une a la manifestación convocada en toda España por las organizaciones nacionales del taxi Fedetaxi, Unalt, CTE y Uniatramc. Unas protestas que también se han producido en Francia, Bélgica e Inglaterra. Precisamente, este miércoles también se esperan protestas de los taxistas de Londres. Con todo, la Comisión Europea ya ha señalado que está a favor de estas plataformas en internet, que permiten abrir mercados, y la OCU pidió ayer al Gobierno español que establezca reglas claras para que se permita y favorezca estas fórmulas de consumo colaborativo que tienen como objetivo optimizar los recursos. “No se debe poner freno a que los usuarios decidan realizar viajes y trayectos juntos y compartir los gastos como el caso de Blablacar”, insistió la organización de consumidores, que también matizó que “tampoco se puede favorecer a la creación de negocios paralelos que incumplan las normativas fiscales y de protección de los consumidores”.