Tribuna

Desgravar para emplear

La economía española está demostrando evidentes signos de mejora. El PIB interanual del primer trimestre de 2014 ha cerrado con un crecimiento del 0,6% y el Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno ha remitido a Bruselas recientemente prevé un crecimiento en este año del 1,2%. Las exportaciones y la demanda interna están mostrando signos positivos.

Sin embargo, esta mejoría tiene un traslado muy lento a aquello que más preocupa a las instituciones públicas y a la sociedad: el empleo. A pesar de que la tendencia de la tasa de desempleo podría ser decreciente, se mantendrá por encima del 20% de aquí a 2017. Una tasa que sigue siendo insoportable para todos los españoles.

En este contexto, desde la AESP queremos poner de manifiesto las enormes posibilidades empleadoras que tienen los servicios a la persona. Como es bien conocido, el Estado del Bienestar ha traído múltiples consecuencias positivas como son el significativo aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos o la definitiva incorporación de la mujer a la vida profesional. Pero paralelamente, esta situación ha supuesto que las familias tengan una serie de necesidades de primer orden que deben ser satisfechas. Este tipo de servicios que la sociedad requiere de manera creciente son lo que conocemos como servicios a las personas. Estamos hablando del cuidado de hijos, de apoyo escolar, cuidado del hogar, cuidado de enfermos y personas mayores y toda la gama de servicios relacionada con el día a día de las personas y familias, ayudando a la mejora de su calidad de vida y a la conciliación efectiva laboral y familiar.

Las oportunidades de empleo de este sector pueden contribuir en gran medida a los objetivos marcados por el Gobierno de España en cuanto a creación de puestos de trabajo para los próximos años. Concretamente, nuestros estudios indican que se podrían crear aproximadamente medio millón de nuevos empleos en los próximos tres años.

Sin embargo, la capacidad empleadora de este sector de servicios a la persona se encuentra con un obstáculo: las altas tasas de economía informal. Muchas personas deciden acudir a la economía sumergida para satisfacer esas necesidades familiares para de esa manera reducir el coste, lo que conlleva innumerables perjuicios tanto para las familias como para las personas que desarrollan esos trabajos. Nosotros estimamos que cerca de un millón de personas están empleados en esta situación irregular en nuestro sector.

Y es aquí donde las instituciones públicas pueden dar un impulso decisivo para revertir esa situación. En su mano está tomar las medidas oportunas para que a una persona que quiere contratar a alguien para, por ejemplo, desarrollar trabajos en su hogar le cueste lo mismo en la economía formal que en la sumergida y, por tanto, decida realizarlo por la vía legal. Esto supondría que la persona que solicita los servicios dispondría de plenas garantías de seguridad y calidad y la persona empleada dispondría de todos los derechos y garantías que ofrece un trabajo regulado.

Estas afirmaciones tienen un claro ejemplo en nuestro país vecino. Francia aprobó en el año 2005 la conocida Ley Borloo, que permitió el desarrollo del sector con unos resultados espectaculares: 400.000 empleos regulados en dos años y una importante reducción de la economía sumergida.

En España tenemos una gran oportunidad. La reforma fiscal que el Gobierno presentará a finales de junio y que será debatida en las Cortes en el segundo semestre del año permitiría introducir una serie de desgravaciones y deducciones que posibilitarían lo anteriormente señalado: que los servicios a la persona tengan el mismo coste de forma regulada que en la economía sumergida. Así, sería necesario: a) deducciones en el IRPF a las personas que justifiquen adecuadamente que han contratado estos servicios (por supuesto, con el límite que se determine reglamentariamente y b) desgravaciones en el impuesto de sociedades para las empresas que faciliten dichos servicios a sus clientes, empleados o familiares de los mismos.

España no puede permitirse renunciar a un sector con esta capacidad de generación de empleo y de afloramiento de economía sumergida y la reforma fiscal ofrece una magnífica ocasión para adoptar las medidas oportunas sin que ello reduzca los ingresos en las arcas públicas, sino todo lo contrario.

Javier Benavente Barrón es presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP).