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Columna
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Estrategia transparente

El decreto del Gobierno francés que amplía sus facultades para oponerse a las adquisiciones extranjeras fue una sorpresa, pero se limita a codificar la realidad. La ausencia de normas específicas nunca ha impedido a presidentes o ministros francéses de oponerse a ofertas no deseadas de empresas que desconocen las costumbres locales.

Así que el nuevo decreto no hará mucho para mejorar la reputación de Francia como un lugar para hacer negocios, pero hay cierta distancia entre esta y la realidad. Las empresas extranjeras saben que este país sigue siendo uno de los principales destinos mundiales de inversión directa, cualquier cosa haga el Gobierno de turno.

El decreto alarga la lista de industrias en los que las adquisiciones extranjeras requieren la aprobación del Ejecutivo. El proceso se formalizó en 2005 en defensa y tecnología, después de los rumores sobre una oferta hostil de Pepsi Cola para la francesa Danone. Ahora abarca los sectores del agua, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la salud.

El nuevo decreto llega después de un plan de Alstom, el grupo de ingeniería francés, para vender sus activos de energía a General Electric. Las autoridades ahora han establecido que es precisa su participación en este tipo de discusiones desde el principio. La mayoría de las veces, eso no implica nada más que una invitación a las empresas extranjeras y a sus interlocutores franceses a hablar con el Ejecutivo antes de llegar al contrato.

Con la economía francesa en un punto muerto, parece lógico que Manuel Valls, el nuevo primer ministro, tenga otras prioridades que aumentar los obstáculos a la inversión extranjera. Pero hay que ver el decreto en un contexto político más amplio.

Diez días antes de las elecciones europeas en las que posiblemente será derrotado, el Gobierno intenta demostrar que no se limita a recortar el gasto. El decreto de adquisición es una estratagema política abierta e irrisoria. Pero es poco probable que haga mucho daño.

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