Empleo pide a las empresas que vinculen las alzas salariales a sus resultados
Avanzó que en julio los jóvenes 'ni-ni' podrán inscribirse en un registro para recibir empleo o formación.
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, instó hoy a los negociadores de los convenios colectivos a que pacten políticas salariales vinculadas al resultado de las empresas a través de las distintas fórmulas que hay para ello. Esta es, en su opinión, la solución a la dicotomía de si ha llegado o no el momento de terminar la moderación salarial, tal y como reclaman los sindicatos.
No obstante, la mayoría de los portavoces de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, donde ha intervenido hoy Hidalgo, reclamaron la necesidad de que los convenios empiecen a recuperar las subidas salariales para reactivar la demanda.
Si bien, la responsable de Empleo insistió en que la vía más adecuada para estimular el consumo , “es la que ya se está viendo en muchos convenios que se están firmando en 2014”, y consiste en “ligar los salarios a los beneficios, al Ebitda o a las ventas de la empresa” aseguró.
Hidalgo repaso a la actual política de Empleo que está llevando a cabo su Departamento y anunció que en julio de 2014 estará ya listo el registro telemático donde se tendrán que inscribir los jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan para que puedan acogerse al nuevo programa de garantía de empleo juvenil de la UE. Dicho programa consistirá en que una vez que se compruebe si el joven cumple los requisitos que se exigirán, en el plazo de cuatro meses se le ofrecerá un empleo, un programa formativo o prácticas laborales.
Sin embargo, lo que aún no está claro es cómo será la financiación final de esta iniciativa. La Comisión Europea ha destinado 1.887 millones para España –de un fondo total de 6.000 millones– para invertir en acciones contra el desempleo de los jóvenes, entre las que está esta la citada garantía juvenil.
Según el reglamento de estos fondos, Bruselas solo puede adelantar el 1% y el resto lo deben poner las administraciones implicadas (estatal y autonómica) y luego reclamarlo con facturas a la Comisión. España está negociando con Bruselas que el dinero adelantado no compute como déficit excesivo, pero la Comisión aún no ha desvelado si lo permitirá.
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