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La UE, del revés

Europa se lleva el botín de la tasa Tobin

Entre hoy y mañana, once ministros de Economía de la zona euro intentarán dar un impulso político, tal vez el definitivo, a la llamada tasa Tobin. En realidad, no será una tasa ni se aplicará a las operaciones de compra-venta de divisas, como propuso en 1972 el premio Nobel de Economía James Tobin (1918-2012). Pero la versión tuneada de aquella idea marcará un hito en la política fiscal de la Unión Europea, tan temido por unos, como anhelado por otros.

Los Gobiernos implicados en el proyecto, entre los que figura el de Mariano Rajoy, se frotan las manos con un impuesto sobre las transacciones finacincieras (ITF) que, cuando esté a pleno rendimiento, podría llegar a recaudar más de 35.000 millones de euros en los once países dispuestos a aplicarlo (España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Grecia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Estonia).

La cosecha parece tan cercana que el Gobierno español ya ha sumado el ingreso del ITF en el Programa de Estabilidad para 2014-2017, presentado la semana pasada y remitido para su evaluación a la Comisión Europea.

El Ministerio de Hacienda, según ese documento, cifra en unos 600 millones de euros anuales la recaudación que obtendrá con la aplicación del ITF a las operaciones de compra-venta de acciones llevadas a cabo en España.

La negociación del ITF, sin embargo, todavía no ha concluido. Grecia, país que preside la UE durante este semestre, se muestra muy precavida sobre los contactos en marcha. Y aunque espera un acuerdo provisional antes de las elecciones al Parlamento europeo del 25 de mayo, la presidencia griega no se atreve todavía a cantar victoria.

España se muestra mucho más optimista y considera que ya está cerrado tanto el tipo de operaciones que se gravará (compa-venta de acciones), como el criterio geográfico (solo se gravarán las acciones emitidas por empresas de los 11 países). Los flecos de esta negociación podrían concluirse en los próximos meses, bajo presidencia italiana de la UE (a partir del 1 de julio).

París no ha esperado a que concluyan esas negociaciones y ya aplica, desde agosto de 2012, un gravamen del 0,2% a la compra-venta de acciones de empresas francesas con una valoración bursátil de más de 1.000 millones de euros. El gravamen, según datos facilitados por la CE, reportó 890 millones de euros hasta finales de 2013. Y este año se espera un ingreso de 702 millones. La tentación de esas cifras para el resto de la zona euro parece irresistible.

Los detractores del ITF, sin embargo, advierten que el gravamen puede provocar una fuga de inversores y mermar, sobre todo, la capacidad de financiación de empresas cotizadas de tamaño mediano. Como prueba de ese peligro se menciona el caso de Italia, otro país que aplica desde hace un año un impuesto a las transacciones bursátiles.

El impuesto italiano, según datos del banco de inversión Credit Suisse, ha reducido en un 34,2% el volumen medio de negociación diaria en los mercados bursátiles italianos y ha terminado prácticamente con la negociación directa (OTC o over the counter) entre ciertos brokers.

Credit Suisse reconoce, sin embargo, que el impacto ha sido mucho menor en Francia, en parte, según el banco de inversión, porque el impuesto francés exime algunas de las operaciones que las entidades realizan para cubrirse de ciertos riesgos.

El ITF de la zona euro parece llamado a asemejarse al gravamen francés, con un tipo mínimo del 0,1%. Un modelo que, según un reciente informe del departamento de Algirdas Semetas, comisario europeo de Fiscalidad, “no puede decirse que haya provocado ni una caída en el precio de las acciones, ni mayor volatilidad”.

El informe admite que el impuesto ha reducido la liquidez en el mercado bursátil francés. Pero lo considera un impacto asumible, hasta el punto de que, tal vez, podría aplicarse el mismo impuesto a los mercados de deuda pública sin dañar ni el volumen de negociación, ni alterar las primas de riesgo de los diferentes países. Por ahora, los 11 socios prefieren no castigar unas emisiones de bonos y letras que garantizan su financiación mucho más que cualquier ITF.

A contraluz

 

Putin es quien más se juega en las elecciones del 25-M

Aunque no se presenta, Vladimir Putin es una de las personas que más se juega en las elecciones del 25 de mayo. Y no tanto en las del Parlamento Europeo, que probablemente no le interesan demasiado, como en las de Ucrania, que el Gobierno provisional de Kiev ha convocado para el mismo día que las europeas.

Tanto Moscú como Washington y Bruselas han convertido la cita electoral ucraniana en el punto de referencia para el conflicto geoestratégico más grave acontecido en Europa desde la desintegración de Yugoslavia.

Fuentes europeas aseguran que el Kremlin pretende sabotear la consulta electoral para evitar que se instale en Kiev un Gobierno completamente legítimo. La estrategia pasaría por la imposibilidad de celebrar los comicios en las provincias orientales de Ucrania, donde ya se intenta convocar un referéndum de autodeterminación para el próximo día 11. El presidente de EE UU, Barack Obama, ha advertido que impondrá sanciones muy severas si Rusia impide que se celebren con normalidad las elecciones ucranianas. La canciller alemana, Angela Merkel, siempre reacia a castigar al Kremlin, parece resignada a seguir esa misma vía, tras su visita del viernes pasado a la Casa Blanca. El desenlace: el 25-M. Como muy tarde.

La CE quiere centralizar la compra de gas ruso

La Comisión Europea estudia centralizar las compras de gas ruso, para evitar que Gazprom imponga un precio en cada país en función de sus intereses económicos o de la estrategia geopolítica del Kremlin. “Cuanto mayor es la dependencia, mayor es el precio”, lamentó el viernes el comisario europeo de Energía, Gunther Oettinger, tras reunirse en Varsovia con representantes de Polonia, Ucrania y Rusia. La cita intentaba evitar el corte de gas a Ucrania, país que considera desproporcionado el precio exigido por Gazprom (485,5 dólares por cada 1.000 metros cúbicos). Las dos partes seguirán negociando, pero Moscú amenaza con cerrar el grifo en junio, si Kiev no paga.

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