El Gobierno pide a Competencia que investigue a Dia
El Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue si la empresa de supermercados Dia está incurriendo en prácticas abusivas hacia sus franquiciados que puedan ser constitutivas de infracción administrativa desde un punto de vista de la competencia, después de que la Asociación de Afectados Franquicias de Supermercados (Asafras) haya denunciado este tipo de situaciones.
Así lo señala en respuesta al diputado socialista Félix Lavilla, que preguntó por escrito al Ejecutivo acerca de las medidas que adoptaría después de que Asafras denunciara ante el PSOE que la multinacional española Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia), abusa del régimen de franquicia, causando un importante perjuicio económico a sus franquiciados.
Ante la posibilidad de que las situaciones denunciadas fueran constitutivas de “prácticas comerciales abusivas muy graves”, los socialistas hicieron llegar estas denuncias al secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, pidiéndole que tomase cuantas medidas fueran posibles dentro de sus competencias para solventar la situación.
El Gobierno analiza la situación
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno confirma la recepción de la documentación sobre este caso y que ha iniciado el estudio y análisis de la situación. Además, explica que se ha dado traslado de toda la información a la CNMC para que estudie las derivadas comerciales y de defensa de la competencia del conflicto.
“Se está a la espera de la valoración que realice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del asunto, con objeto de conocer si la situación descrita puede ser constitutiva de infracción administrativa desde un punto de vista de competencia o resulta aconsejable la adopción de otro tipo de medidas adicionales que contribuyan a solventar el problema planteado”, apostilla el Gobierno.
No obstante, reconoce que dado que el problema tiene mayoritariamente una naturaleza contractual serán probablemente los tribunales de justicia de lo Civil los que puedan hacer “una valoración fundada” de las cuestiones planteadas.