Editorial

El riesgo de aflojar en la austeridad

La reducción del déficit público en España en 2013, desde el 6,84% al 6,62%, se ha debido íntegramente a la subida de los ingresos de las Administraciones públicas y no –como ocurrió en el ejercicio anterior– a un escrupuloso recorte del gasto público. El incremento de los recursos públicos, en un año de caída del PIB, se explica en buena parte por las subidas impositivas que han aprobado el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordaba ayer que el repunte de la actividad económica ha aumentado los ingresos del Estado, no se puede olvidar el hecho de que los retoques fiscales que se han abordado a lo largo de esta legislatura incluyen desde el IRPF y el IVA hasta el impuesto sobre Sociedades, el IBI o tributos especiales como el impuesto sobre el tabaco o sobre el alcohol. Un buen montante de incrementos fiscales que han oxigenado las arcas públicas y se han traducido en una rebaja de los números rojos de España por un total de 2.637 millones de euros. Pese a ello, el conjunto de la Administración pública aumentó el gasto en 2013 y solo dos elementos – las subidas impositivas y el buen comportamiento de los ayuntamientos– han posibilitado que el desfase final no fuese mayor. El examen detallado de las cuentas revela que la mayor parte del desequilibrio corresponde a la Administración central, que se ha convertido en el eslabón débil de la cadena en cuanto a cumplimiento de los objetivos de déficit, en parte debido a las transferencias realizadas a otros organismos, como es el caso de la Seguridad Social. Por su parte, las comunidades autónomas se han acercado más a los objetivos marcados, pero tampoco han cumplido en su mayoría con el esfuerzo que correspondía a 2013. Han sido las corporaciones locales las que han roto con esa dinámica de incumplimiento, al cerrar el año no ya en equilibrio, sino con un superávit de algo más de 4.000 millones de euros en total.

El hecho de que la contención en el gasto público haya dejado de ser la estrategia central del proceso de ajuste fiscal no constituye una buena noticia, como tampoco lo es que únicamente las corporaciones locales hayan sido capaces de acatar la disciplina presupuestaria. Centrar la hoja de ruta del proceso de ajuste en unos impuestos al alza en lugar de continuar con la ingrata política de austeridad en el sector público dista de ser la mejor opción para afrontar los retos que España tiene ante sí en este momento. No en vano, el saneamiento de las cuentas públicas es un presupuesto obligado para afrontar con buenos mimbres la recuperación económica. Pero también debe ser el modelo de una nueva forma de gestionar que sirva tanto para sanear el sector público como el privado.