Guindos: la nueva Ley Concursal creará 200.000 empleos y elevará el PIB hasta un 1,5%
El titular de Economía compareció hoy en el Congreso de los Diputados para presentar el contenido del decreto antes de ser convalidado por la Cámara Baja. En este sentido, el ministro anunció que el texto se tramitará como proyecto de ley para facilitar la incorporación de mejoras por parte del resto de grupos políticos.De hecho, logró un amplio respaldo en la votación. Solo una veintena de diputados de Izquierda Plural y el Grupo Mixto se abstuvieron.
Tal y como han defendido en las últimas semanas distintos representantes del Ejecutivo, Guindos aseguró que la reforma llega en el momento adecuado, ya que la banca cuenta ahora con un nivel de provisiones “suficiente para afrontar las posibles pérdidas” que se deriven de los procesos de refinanciación que emprendan con los nuevos criterios ya en vigor.
Además, indicó que la economía “está iniciando una fase de recuperación en la que se detecta que está aumentando la demanda de crédito solvente”, cuya financiación solo podrá ser atendida, “si se reduce de forma importante el stock de crédito existente”.
Nuevas emisiones y más crédito
En su intervención, Guindos recordó las reformas emprendidas por el Gobierno y cómo esas políticas han comenzado a dar sus frutos en la medida en que España “vuelve a ser un país creíble que genera confianza”. Como prueba de esta mejoría de la percepción que tienen los inversores, el ministro citó los buenos resultados por las subastas del Tesoro, donde los tipos acordados vuelven a ser “históricamente bajos” y la vuelta al mercado internacional de crédito de bancos y empresas.
A este respecto, destacó que entre enero y lo que ha transcurrido de marzo las entidades financieras han emitido 10.000 millones en deuda y las compañías otros 4.500 millones. También, citó el hecho de que la financiación a pymes lleve ya cuatro meses registrando tasas interanuales positivas y que el crédito al consumo acumule siete meses de avances.
A pesar de estas perspectivas más favorables, el Ejecutivo comparte la opinión de la mayoría de expertos de que el nivel de deuda del sector privado en España, en la actualidad equivalente al 130% del PIB, es insostenible. Por ello, apuesta por que iniciativas como la reforma de la legislación concursal ayuden a desapalancar a las empresas en al menos 30 puntos de PIB, para volver a situarlo en términos agregados en el 100%, en línea con la media europea.
Así, Guindos resaltó que hoy se vive una situación por la que son numerosas las empresas cuyo negocio operativo les sigue otorgando beneficios, pese a la crisis; pero con una elevada carga de la deuda, lo que si no se corrige, podría incluso poner en peligro su continuidad. De ahí que el Ministerio de Economía se haya propuesto poner coto a los principales obstáculos que impedían hasta ahora a las compañías con problemas financieros reconducir su deuda y salvar su negocio.
Guindos citó como los principales cambios que introduce el real decreto la posibilidad de llegar a acuerdos individuales de refinanciación, siempre que se mejore “la posición patrimonial del deudor” y sin necesidad de contar con la mayoría del pasivo. Unos acuerdos, que según recordó el ministro, ya solo podrán ser rescindibles por el juez a instancias del administrador concursal.
Otra de las modificaciones que el Gobierno considera que tendrá más trascendencia es el establecimiento de las nuevas mayorías que serán necesarias para dar luz verde a los acuerdos en los casos de los préstamos sindicados. A partir de ahora, será necesario el acuerdo del 75% de los titulares del pasivo para consensuar medidas de refinanciación. De esta forma, en opinión del ministro, se “evitan comportamientos oportunistas” como era el hecho de que acreedores en minoría pudiesen bloquear cualquier intento de llegar a un pacto; lo que muchas veces abocaba a la sociedad en dificultades a su liquidación.
Otra de las novedades cruciales será la posibilidad de convertir deuda en capital, para lo que el Banco de España ya ha regulado la nueva consideración que tendrán los créditos resultantes, o la posibilidad de establecer esperas de hasta 10 años y quitas de deuda. Y todo ello, con un mejor tratamiento fiscal y sin la necesidad de lanzar una opa en el caso de que los acreedores decidan entrar en el capital de las compañías.
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