La CNMC pide la desaparición de la tarifa eléctrica para los domésticos

Pide la desaparición del PVPC Dice que el precio será más volátil, pero solo entre 2 y 6 euros por factura El ministerio, satisfecho con el informe

La vicepresidenta de la CBNMC, María Fernández con el presidente, José María Marín.PABLO MONGE

La sala de supervisión regulatoria de la CNMC, que incluye las competencias de la antigua CNE, ha aprovechado el dictamen sobre el real decreto que establece el método de cálculo de la energía en el precio voluntario al pequeño consumidor o PVCP (el que sustituirá a las polémicas subastas Cesur) para pedir la liberalización total de este mercado. Sólo los usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kW (un total de 25 millones, de los cuales lo ejercen más de 16 millones) tienen derecho al precio regulado de la electricidad.

Según el informe aprobado el jueves, “para un eficaz desarrollo del mercado minorista sería necesario establecer una hoja de ruta para la desaparición del PVPC”. Si bien, considera que debe hacerse cuando funcionen los procedimientos de cambio de suministrador, haya garantías de transparencia en las contrataciones y que el usuario conozca bien las ofertas. La sala de regulación de la CNMC expresa abiertamente su fe en los beneficios que la liberalización de los mercados tiene para el consumidor final, “como, por ejemplo, ha ocurrido en el sector de las telecomunicaciones”.

En todo caso, el calendario para la liberalización “deberá tener en cuenta que más de un 70% de los consumidores con derecho a PVCP tiene una potencia contratada de entre 3 y 6 kW”, señala el dictamen.

La CNMC aplaude el nuevo sistema de precios basado en el coste del mercado de contado (pool) y sobre lecturas reales, al considerar que el consumidor se ahorrará la prima de riesgo de los mercados a plazos. Según la CNMC, desde julio de 2009, en que se crearon las subastas eléctricas, hasta octubre de 2013, el coste ha sido un 11% superior a los precios de mercado (1.670 millones), lo que se tradujo en un sobrecoste en la factura del 4,3%. Con todo, el supervisor no afirma que este sería el ahorro a partir de ahora, pues dependerá también de la evolución de los precios de contado.

Con el nuevo sistema habrá dos modalidades de facturación en función de que el usuario tenga o no contador eléctrónico con telegestión. En este último caso, en el que se encuentra el grueso de la población, al consumidor se le facturará según un perfil tipo que elabora REE, mientras que los que cuentan con nuevos contadores, se les facturará mensualmente el consumo real en cada hora con el precio horario final del mercado.

Además del menor coste, la CNMC ve ventajoso el nuevo sistema porque los consumidores podrán adaptar sus consumos a los precios, aunque esta “señal de precio” solo regirá para los que tengan contador inteligente, pues el resto “no percibirá en su factura los ahorros de sus comportamientos” y evita las lectras estimadas y las revisiones trimestrales.

Como inconveniente, la CNMC apunta también a una menor estabilidad de precios (aunque la volatilidad solo oscilará entre dos y seis euros por factura), lo complicado del sistema que obligará “a realizar una labor informativa” para que los usuarios puedan consultar los precios para el día siguiente y la dificultad de aplicarlo, para lo que pide una ampliación del plazo de un mes (el de abril) que establece el RD.

Respuesta del ministerio

Industria recibió con satisfacción el informe del supervisor, al que, en su opinión, solo le ve dos pegas: que es necesaria una labor informativa para dar a conocer el nuevo sistema y que este produce una menor estabilidad de los precios. Además, según una nota del ministerio, esta cuestión la subsana el propio RD al incluir la obligación a los comercializadores de hacer una oferta anual con un precio fijo (que será muy alto pues también lo es el riesgo para las comercializadoras de ofrecer un precio a tan largo plazo).

El ministerio, en cambio subraya las ventajas anotadas por la CNMC de un mecanismo que entrará en vigor el 1 de abril: que reduce los precios de la energía (según la nota una rebaja media de la factuira del 4,3%, algo que no precisa así el dictamen); que transmite a los consumidores señales adecuadas de precios, "especialmente a aquellos que que disponen de contadores horarios", cuando en realidad la CNMC dice que dichas señales es solo para estos; mejora la curva de carga pues "los consumidores podrán adaptar su consumo al momento en que la energía sea más barata" y evita las lecturas estimadas y elimina las reviviones trimestras. Según fuentes del sector esta es "una ventaja más para el Gobierno que para los usuarios".

Las grandes eléctricas impiden la competencia

El real decreto sobre la metodología de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC), antigua TUR, obliga a las comercializadoras de referencia (que son las que están obligadas a suministrar con dicho precio a domésticos y pymes), a ofrecer opcionalmente a estos un precio fijo anual, el que cada compañía determine libremente.

El dictamen del supervisor sobre la propuesta, da una de cal y otra de arena, pues, por un lado, considera que con este alternativa el consumidor “puede ver pocos incentivos a pasar al mercado libre” y, por otro, considera que el usuario puede preferir la estabilidad del precio fijo a un horizonte más largo que puedan ofrecerle las comerciaizadoras del mercado libre y otros servicios para el hogar. No obstante, como el precio estable que deben ofrecer las comercializadoras reguladas compite con dicho mercado, según el supervisor, “convendría revisar en el futuro dicha obligación”.

La CNMC reconoce que al consumidor acogido al PVPCle va a resultar difícil compararlo a priori con ofertas del mercado, pues los ahorros solo pueden verse a posteriori. Por otro lado, opina que no es el precio regulado el que ha impedido que los nuevos entrantes tengan una cuota relevante en el segmento doméstico (solo el 3% en 2013), sino “en la estructura verticalmente integrada” de los principales grupos del sector (las grandes eléctricas).

Además de no apreciar problemas de liquidez en el mercado mayorista en el medio plazo, el supervisor tampoco lo ve en el hecho de que solo una minoría tenga contador eléctrónico. La norma obliga a que antes de finales de este esté instalados un 35% del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada, siete millones de contadores.

Cambio en el bono social

El nuevo bono social es la diferencia entre PVPC y la tarifa reducida que se aplica aún (la de 2009) por lo que, en tanto no se modifica esta (hay de plazo hasta julio)el bono podría resultar negativo.

 Para evitarlo, el supervisor pide a Industria que diseñe el nuevo bono social para que resulte siempre positivo, por ejemplo, estableciendo un descuento sobre el PVCP. Con la reforma eléctrica se beneficiarán los consumidores vulnerables, que mantendrán una TUR.