El descuento lo deben sufragar las empresas pero no hay reglamento

La orden de tarifas deja en el limbo la financiación del bono social

Ante el vacío legal, lo sufragan los consumidores sin derecho al bono

Los peajes no incluyen ninguna partida para este año

Usuario consultando una factura de la luz.
Usuario consultando una factura de la luz.

El pasado mes de julio el Gobierno aprobó una modificación del bono social de la tarifa eléctrica, según la cual, su financiación volvería a correr a cargo de las compañías eléctricas. El cambio se incluyó en el real decreto ley de medidas urgentes con el que se inauguró la reforma energética. En 2009, cuando se creó esa bonificación de la que disfrutan 2,5 millones de consumidores, se estableció que las cinco grandes de Unesa pagarían su coste, más de 200 millones anuales.

Iberdrola lo recurrió ante el Supremo y ganó la partida a Industria con una sentencia favorable dictada en 2012. Desde entonces, ha sido el sistema eléctrico (en otras palabras, el resto de usuarios sin ese derecho) el que ha sufragado el bono social, hasta que el pasado verano el ministerio decidió eximirlos de esta carga.

Según el RDL de julio, el bono lo pagarán no solo las cinco grandes eléctricas, sino las matrices de todos los grupos verticalmente integrados (los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización), en total, 26 empresas. Al ampliar el espectro, el Ministerio de Industria consideró “subsanados las deficiencias formales” a las que aludía el Alto Tribunal en su sentencia, según aeguró su titular, José Manuel Soria.

Pero desde estonces, el devenir del pago del bono social se ha convertido en un misterio. La decisión del Gobierno quedó clara cuando este la incluyó en el proyecto de la nueva ley eléctrica y, ya en diciembre, una enmienda del Grupo Popular en el Senado, que se incluyó en una disposición transitoria, establecía que en tanto se aplicaba la medida, el bono lo seguiría pagando el sistema eléctrico.

Y es que la ley requiere de un reglamento, una orden ministerial con el reparto que calculará cada año la CNMC. Este organismo remitió a principios de diciembre la lista con los porcentajes a financiar (en más de un 98%, para las de Unesa), que, a su vez, el ministerio incluyó en la propuesta de orden de peajes para 2014 remitido al supervisor a principios de enero.

Aunque la CNMC en su dictamen no hizo ninguna objeción (únicamente pidió que se reparara un error sobre los datos de una pequeña empresa de la lista, Agri-Energía), para sorpresa de las empresas, de la orden ministerial de peajes publicada el sábado en el BOE, había desaparecido toda referencia a la tabla del reparto.

Fuentes empresariales atribuyen esta desaparición a defectos de forma y alegaciones de las afectadas que el Gobierno quiere subsanar, aunque la CNMC no hace referencia a ninguna alegación distinta a la antes citada.

El problema es que mientras no lo paguen las empresas lo paga el sistema a través de los peajes, pero en la orden que acaba de entrar en vigor no hay partida alguna para el bono social, lo que podría traducirse en un déficit de tarifa no previsto. En cualquier caso, mientras no se aprueben los porcentajes, las afectadas no tienen el deber de pagar el bono social y tampoco desde julio con carácter retroactivo.

El bono se modificará este año con un recorte importante del número de beneficiarios.

Facua: ningún beneficiario "en su sano juicio" debe aceptar ofertas

Facua considera que ningún beneficiario del bono social de luz “en su sano juicio” debería aceptar una oferta en el mercado libre, lo que le dejaría inmediatamente sin la ayuda, y advierte de que el Ministerio de Industria, podría estar intentando “cargarse” este apoyo a los consumidores vulnerables. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, salió al paso de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, entre las que figura una obligación a las comercializadoras de electricidad de ofrecer a los consumidores más vulnerables precios fijos para un periodo determinado. Facua recuerda que los consumidores con bono social tienen un precio fijo, el de 2009, por lo que se pregunta si, con la enmienda, el ministerio “está dando a entender que se carga” la ayuda.

La asociación señala que la diferencia de precios entre el mercado libre y el bono social es “brutal” y que “solo un consumidor al que una eléctrica engañe” sería capaz de abandonar la ayuda, algo que ocurre muchas veces, en su opinión. “De los 1,6 millones de cambios al mercado libre, la inmensa mayoría corresponde a consumidores que lo hacen engañados”, afirmó.

Sánchez se mostró “muy preocupado” por las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que aseguraba que el precio de la electricidad lo marcará el mercado, ya que detrás ve la intención de “acabar con la tarifa semirregulada”, afirmó.

Respecto al aumento en el término fijo del recibo, lo consideró un “insulto a las familias”, ya que el incremento en la potencia contratada solo ha venido compensado con un recorte en la parte variable que no hace sino situarla en los niveles del pasado agosto.

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