Por una reforma consensuada
El pasado 20 de enero se constituyó el Grupo de trabajo sobre la industria del acero, en cuya creación participó MCA-UGT, Federación de Industria. Se trata de un órgano nacional gemelo al creado a nivel europeo el pasado mes de diciembre bajo el auspicio del Vicepresidente de la Comisión Europea en el que también participó nuestra organización, la Mesa de alto nivel del acero, dirigidos ambos a impulsar políticas a nivel europeo y español que garanticen la viabilidad del sector del acero en la zona euro.
Las propuestas fundamentales del Plan de acción europeo para la siderurgia son impulsar políticas adecuadas a nivel europeo, un marco regulador, para conseguir potenciar la demanda de acero mejorando el acceso a mercados extranjeros, garantizando la igualdad de condiciones e impulsando la competitividad con políticas idóneas de energía, cambio climático y uso eficiente de la energía y los recursos.
Este plan marca como un objetivo fundamental homogeneizar las distintas políticas europeas en materia energética y “contar con unos precios de energía competitivos y un abastecimiento seguro con políticas equilibradas sin favorecer a unas en detrimento de otras”. Desde MCA-UGT consideramos que este planteamiento de la UE es el opuesto al que realiza el actual gobierno de la nación cuya política en materia energética pone en riesgo la continuidad de la industria electrointensiva española.
La mal llamada liberalización del sector eléctrico no ha logrado el objetivo de una tarifa competitiva
Desde MCA-UGT venimos denunciando el proceso de desmantelamiento industrial que se está produciendo en nuestro país (en 1995 la industria suponía el 20% del PIB para actualmente suponer tan sólo el 11%), cuando la recomendación de la UE es alcanzar el 20% de participación de la industria en el PIB de cada país miembro siendo un factor determinante para esta pérdida de importancia el mal llamado proceso de liberalización del sector eléctrico, tras la aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en 1997. MCA-UGT viene denunciando desde entonces las políticas desarrolladas por los distintos gobiernos en materia energética, y en concreto, los efectos negativos que ha tenido sobre nuestro sector industrial, y a consecuencia de ello, en los trabajadores, dado que no han servido para lograr un mercado energético eficiente y competitivo, ni han alcanzado el objetivo fundamental, que es tener acceso a una tarifa eléctrica competitiva.
España forma parte del grupo de países con precios más elevados dentro de la UE, frente a países como Finlandia, Francia o Suecia que se sitúan netamente por debajo de la media, o del caso alemán que, con ayudas fiscales a las grandes empresas consumidoras energía, también tiene acceso a una tarifa eléctrica menor que la de nuestro país (10 euros por MWh más caro en España que Alemania). El esfuerzo que realizan las empresas en España en la adquisición de electricidad es un 15% superior a la media de la UE.
Las distintas regulaciones del actual Gobierno del Partido Popular profundizan aún más en este sentido. La aprobación del Real Decreto-Ley 9/2013 de 12 de julio por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, junto a la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética del 2012, aumentando la carga impositiva de la producción eléctrica un 7%, no conllevan más que nuevos aumentos en el precio de la electricidad. La puntilla es la última modificación del servicio de interrumpibilidad, vía Orden Ministerial IET /2013/2013 de 31 de octubre, que supone un nuevo aumento del coste de la energía para nuestra industria electrointensiva, cercano al 30%, al incrementar el coste entre 15,5 y 17,8 euros, y reduciendo además en 200 millones los 748 millones de euros comprometidos como compensación de la gestión de interrumpibilidad realizada por las empresas electrointensivas de nuestro país. Además, introduce mayor incertidumbre al estipularse un nuevo sistema de asignación de energía, un sistema de subasta en el que se desconoce tanto la potencia anual que se pone a disposición de los grandes consumidores, como el precio de la energía, al no existir control real, tanto del precio inicial como del precio de adquisición final.
Para el sector siderúrgico es imposible cumplir con el objetivo de un consumo mensual del 50%
Desde nuestra organización entendemos que el Gobierno debe sentarse a negociar una reforma energética con todos los actores implicados para solucionar los problemas de la tarifa energética para la industria electrointensiva. Insistiremos en la necesidad de realizar contratos bilaterales entre proveedor de energía y cliente final (como en el resto de los países europeos), una reducción de los peajes de acceso (aumentaron en 2012 un 6,5% y se vislumbra otro incremento equivalente para 2014), y de una vez por todas se deben mejorar las interconexiones, dejando de ser una isla energética, actualmente un 3% siendo el objetivo alcanzar el 10%.
La Orden ministerial de la gestión de interrumpibilidad debe ser modificada y reformulada para dejar claro tanto el precio final de la tarifa como la potencia puesta a disposición de las plantas teniendo en cuenta la modulación. Además, los criterios de acceso deben ser modificados: marcar un consumo mensual del 50% es imposible cumplir en nuestro sector (sí es necesario marcar consumos mínimos de carácter trimestral); modular los tramos de consumo de 5 en 5 MW provoca que no se compense el gasto real, entendemos por ello, que se debería computar aplicando la unidad.
Nuestra Federación confía en que en el Grupo de trabajo sobre la industria recientemente creado, constituido por las organizaciones sindicales, patronal y alta representación de los distintos ministerios de Industria y Energía, Fomento, Empleo, Agricultura, Economía y Hacienda, se puedan alcanzar acuerdos y soluciones en las diversas materias del sector siderúrgico, fundamentalmente en materia energética, para hacer frente a situaciones como las vividas el pasado mes de diciembre, con factorías paradas por no por poder pagar el alto precio de la tarifa eléctrica sin entrar en perdidas importantes.
Desde MCA-UGT estamos dispuestos a liderar una serie de movilizaciones para denunciar la necesidad de realizar una profunda reforma energética, cuyo objetivo fundamental sea reducir el coste de la tarifa eléctrica, aumentado así nuestra competitividad, y apostando por una reforma hecha a favor de la industria y no en su contra. La Federación no puede consentir que los sacrificios realizados por los trabajadores del sector se dilapiden con los cambios legislativos en materia energética realizados por el Gobierno del PP. Se debe consensuar una reforma energética que garantice el futuro de nuestra industria y, en esa nueva reforma, debemos participar todos los agentes sociales, tanto los representantes de las empresas electrointensivas como las organizaciones sindicales.
José Ignacio San Miguel Llamedo es secretario federal de MCA-UGT, responsable del sector siderúrgico.