Una mano abierta en las prejubilaciones
El decreto Báñez del 23 de diciembre de 2013 sigue dando mucho juego. El Gobierno utilizó el formato escoba para cambiar radicalmente un buen número de preceptos de la legislación laboral, en la que puede considerarse una segunda oleada de la reforma del mercado de trabajo aprobada hace ahora dos años. Amplió los poderes de las mutuas de accidentes de trabajo en la gestión de altas y bajas, concedió un régimen horario a los contratos a tiempo parcial a la carta a los empleadores, endureció las cotizaciones a la Seguridad Social por conceptos hasta ahora exentos (vales de comida, seguros médicos o planes de pensiones) y cambió el régimen de prejubilaciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había endurecido en 2011 para evitar los procesos abusivos de ajustes de plantillas.
En este último caso ha tenido su influencia la presión efectuada desde las grandes empresas, así como determinadas recomendaciones de la Unión Europea para reducir el altísimo nivel de paro juvenil que tiene España. Y seguramente ambas tienen lógicas justificaciones. La ley se había endurecido hasta el punto de obligar a que empresas en pérdidas en España tuvieran que costear totalmente el proceso de prejubilación de los empleados mayores de 50 años, por el hecho de que sus matrices corporativas estuviesen en beneficios.
El cepo a este tipo de salidas ordenadas del mercado de trabajo, así como a las jubilaciones parciales, que ciertamente se habían convertido en una brecha de fraude a la Seguridad Social, ha embalsado plantillas en la edad laboral madura, en muchos casos con defectos formativos importantes. El único beneficiado de esta situación ha sido la Tesorería de la Seguridad Social, que ha visto cómo en el último año la edad media de retiro se ha retrasado hasta más allá de los 64 años, cuando la edad legal se ha retrasado solo un mes sobre los 65 años, con el consiguiente alivio financiero. Ha logrado, de alguna forma, evitar convertirse, como en crisis anteriores, en el hercúleo pilar financiero que soportaba buena parte de las facturas laborales de los ajustes de personal.
La autoridad laboral debe vigilar estrechamente todos los procesos de ajuste de plantillas para evitar los abusos de procedimientos costosos para el erario público. Pero debe permitir respiraderos para que las empresas puedan acoplar sus costes en entornos de crisis, tal como ha hecho con una reforma laboral en la que da crecientes poderes a los empleadores para ajustarse a la nuevas exigencias de competitividad. Además, es conveniente abrir la mano en este mecanismo que facilita el rejuvenecimiento de las plantillas y con el enriquecimiento de sus habilidades, que en muchas empresas son tan cambiantes que solo pueden ser atendidas con rotación del capital humano.